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HACER OBLIGATORIA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS, RETO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL



18 de Febrero de 2016

Boletín # 242

• Constituyentes tienen que reflejar la realidad social en la Constitución: diputado Corchado Acevedo


Los derechos fundamentales de quienes viven y transitan a diario en la Ciudad de México, así como los reclamos de igualdad y freno a la discriminación, no podrán ejercerse sin la debida armonización de las leyes secundarias que tienen que complementar el texto de la Constitución Política.

En este sentido, establecer las normas que hagan obligatorio el respeto, la protección y la preservación de los derechos humanos, sin exclusión, será el reto mayor de los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

Lo anterior fue expuesto en el Foro de análisis “Hacia una nueva alianza constitucional por la Ciudad de México”, en el que el diputado del Partido Nueva Alianza (NA), Juan Gabriel Corchado Acevedo, organizador del mismo, anotó que los constituyentes tienen que ser reflejo de la realidad social para plasmarla en la realidad jurídica y lograr que nadie se quede sin derechos en la Constitución Política de la Ciudad de México.

Patricia Olamendi Torres, experta en derechos humanos y representante de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y José Ramón Amieva Gálvez, Secretario de Desarrollo Social (SEDESO) del Gobierno de la Ciudad de México, coincidieron en que la ALDF tendrá que hacer una revisión a fondo del marco normativo actual para adecuarlo y hacer que los derechos vigentes y los que aún no tienen ese rango, se puedan ejercer.

Olamendi Torres hizo hincapié ante los asistentes a la mesa Derechos Fundamentales en la Constitución de la Ciudad de México, en que no basta con que los derechos queden plasmados en la Constitución, si no existen los mecanismos normativos adecuados para respetarlos, protegerlos y preservarlos. Tiene que haber una cláusula de garantía para los ciudadanos y de obligatoriedad para la autoridad.
En su opinión, un derecho que no cuenta con normas para su adecuada aplicación y respeto, simplemente no es un derecho, y el Estado y los gobiernos tienen esa obligación con los ciudadanos.

El titular de la SEDESO, Amieva Gálvez, informó que los programas sociales creados a través de varios años para proteger a la población más vulnerable, están normados, convertidos en Ley y encaminados a cumplir los derechos de salud, alimentación, educación y de trabajo.

Refirió que el Gobierno local, principal interesado en que la Ciudad de México tenga una Constitución que responda a las espiraciones y necesidades de sus habitantes, espera que la redacción de este magno documento esté acompañada de la facultad que corresponde a la ALDF, a fin de trabajar en la legislación secundaria.

En su exposición, Jacqueline L’Hoist Tapia, Presidenta del Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación del gobierno de la Ciudad de México mencionó que la Constitución tiene que ser un ordenamiento jurídico de avanzada que responda no sólo a la población que actualmente vive y visita este territorio, sino a las futuras generaciones, a los infantes y jóvenes que tendrán otras necesidades y aspiraciones.

El trato igualitario, la inclusión y la no discriminación son básicos para el cumplimiento de los derechos humanos, y en estos habrá que garantizar la libertad de expresión y el trabajo adecuadamente remunerado.

Para Jonathan Sandoval, director de Enlace y Coordinación Educativa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lo primero que habrá de hacerse después de que la Asamblea Constituyente elaboren la Constitución de la Ciudad de México, es armonizarla con la Constitución Política de la República, ya que ésta contiene derechos fundamentales que están vigentes.

El trabajo a realizar tiene que ver con derechos específicos para los pobladores de la Ciudad de México y lo primordial es que estos respondan a sus aspiraciones.