Hasta 10 años de cárcel y pérdida de cédula profesional a directores responsables de obras
12 de Octubre de 2017
El diputado Luis A. Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, presentó ante el Pleno de la Asamblea Legislativa una iniciativa para reformar el artículo 329 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, con el objeto de aumentar las sanciones a las que se hacen acreedores los directores Responsables de Obra, Corresponsables y propietarios de inmuebles donde se desarrollan las construcciones, cuando no cumplan con sus obligaciones.
“Los sismos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y 2017, dejaron muerte y destrucción que lamentamos profundamente, pero también nos dejaron enseñanzas y lo más importante, la solidaridad de la sociedad civil, la fuerza de esta sociedad que respondió ante estas desgracias, en apoyo de los afectados”, aseveró Chávez García.
En estos sismos, hemos visto el colapso de casas, edificios y escuelas, y la sociedad se pregunta por qué algunos inmuebles se colapsaron si algunas son construcciones recientes, no muy antiguas, y tal vez la respuesta es que el temblor fue muy fuerte, quizá no están bien construidos o no se siguieron las normas técnicas aplicables de construcción.
Al no cumplirse con esta estas obligaciones y con los criterios de resistencia estructural, los Directores Responsables de Obra o Corresponsables, así como los propietarios de las construcciones, son los responsables de que colapsen los inmuebles.
La sociedad civil sabe que existe un grave problema por falta de cumplimiento de las normas señaladas en el Reglamento de Construcción.
Actualmente, el artículo 329 Bis del Código Penal para el Distrito Federal contiene una pena de cuatro a seis años seis meses de prisión a los Directores Responsables de Obra o Corresponsables que no cumplan con la normatividad, así como la suspensión para desempeñar su profesión u oficio hasta por un periodo igual a la pena de prisión impuesta.
La reforma que propuso el diputado Luis Alberto Chávez es aumentar esta pena de ocho a diez años de prisión, así como la suspensión definitiva de la cédula profesional para prevenir el colapso de inmuebles y tratar de evitar al máximo la pérdida de vidas humanas.
