IMPULSAN FISCALÍAS ESPECIALIZADAS EN DELITOS ELECTORALES Y CORRUPCIÓN
18 de Enero de 2015
Con el objeto de hacer frente a la corrupción y sus consecuencias sociales, cuyo costo se estima en unos 70 mil millones de pesos en la Ciudad de México y asciende al 9 por ciento del Producto Interno Bruto en todo el país, los diputados del PRD, Alejandro Robles Gómez y Víctor Hugo Lobo Román proponen la creación de las fiscalías anticorrupción y otra en materia de delitos electorales.
La propuesta será presentada en la iniciativa de iniciativas, que adiciona y reforma diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por la que se elevará estas fiscalías a rango de subprocuradurías con facultades exclusivas.
Víctor Hugo Lobo sostiene que, debido al carácter del nombramiento, las fiscalías contarán con un amplio margen de maniobra, pues serán propuestas por el Jefe de Gobierno y ratificadas por las dos terceras partes de la Asamblea Legislativa.
“Entre otras facultades, las fiscalías especializadas tenderán a recobrar valores cívicos y éticos que permitan sancionar, prevenir y corregir estos actos antisociales”, aseguró el integrante de la Comisión de Gobierno.
Alejandro Robles agregó que de este modo se cumple con los compromisos internacionales contraídos en la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos y con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
“Necesitamos establecer bases sólidas para que en la ciudad se eviten escándalos como la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro, adjudicado al Grupo Higa, o como el asunto de la casa blanca de Enrique Peña Nieto, en donde se evidencia un claro conflicto de intereses”, consideró Robles Gómez.
Apuntó que ello no solo desprestigia a la nación, sino que además coloca a México en un bajo nivel competitivo y lo ubica en la primera posición sobre corrupción ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE.
Esta propuesta, dijo, tiende a armonizar las reformas constitucionales de febrero de 2014, que mandatan la designación de fiscales especializados en actos de corrupción y combate a delitos electorales, a fin de que haya claridad en los próximos comicios electorales.
La corrupción es un sistema que ha carcomido al país y que debemos reconocer como falsa la premisa que la ubicaba como una práctica priista propia del sector público ahora podemos afirmar que en todos los partidos se ha registrado y se da con igual intensidad en la iniciativa privada, es el cáncer que azota a México, por ello urge concentrar esfuerzos para prevenirla así como reducir el amplio margen de impunidad que significa el servicio público, la Ciudad de México como expectativa democrática nacional debe sentar las bases de ese modelo anticorrupción que destierre la ordinaria aspiración de enriquecimiento de políticos corruptos.
