IMPULSAN INICIATIVA DE REFORMA AL GASTO EFICIENTE
12 de Julio de 2011
Como un proyecto de austeridad que ponga fin a los gastos excesivos y el uso discrecional de los recursos públicos, el diputado Mauricio Tabe Echartea propuso fiscalizar los viajes oficiales y poner un tope a los gastos en materia de comunicación social de los órganos centralizados y de gobierno, así como a los fideicomisos públicos.
Al presentar la iniciativa de reformas al artículo 83 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, el legislador panista explicó que buscan extender el tope establecido del 0.30 por ciento en gastos de comunicación social para la administración pública, a los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos, así como a los órganos de gobierno, como son la ALDF y el TSJDF.
“No existe razón lógica o jurídica para que dichos entes estén exentos de limitar sus gastos en materia de comunicación social, y no se sujeten al tope del 0.3 por ciento”, subrayó.
Tabe Echartea enfatizó que de los excesos en que han incurrido los órganos de gobierno y las entidades de la administración pública paraestatal en materia de comunicación social, se encuentra la ALDF, ya que en el Presupuesto de Egresos 2011 se etiquetaron 32 millones 716 mil 978 pesos.
Dicho presupuesto, abundó, representa el 2.79% del total del presupuesto de la ALDF y significa, nueve veces el porcentaje del presupuesto que tiene autorizado la Administración Pública para este rubro.
De igual forma, señaló que se detalla el límite del 0.30 por ciento del gasto en publicidad en televisión, radio y prensa para cada una de las dependencias, secretarías, órganos desconcentrados y entidades que la integran, toda vez que se encontraba establecido para la administración centralizada en su conjunto, lo que podía ocasionar serias distorsiones y abusos contrarios al espíritu de la ley.
Por otro lado, se establecen reglas para la realización de viajes oficiales tanto de la ALDF como del TSJDF, a fin de que se rinda cuentas de los gastos efectuados y las metas obtenidas, y para el caso específico de la Asamblea Legislativa, sea el pleno de este órgano colegiado o, en su caso, la Diputación Permanente, quien autorice estas giras de trabajo.
