INCENTIVA ALDF ACCIONES PARA CUMPLIR CON LEY DE TRANSPARRENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
14 de Febrero de 2010
Boletín # 359
• Los diputados exhortaron al gobierno local, a las 16 delegaciones políticas y a los órganos autónomos a publicar en internet el listado de servidores públicos que entregaron su declaración patrimonial o dejaron de hacerla
Ante la negativa de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal de dar a conocer los datos de los servidores públicos que cobraban en la nómina de la dependencia y en el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno local, la Asamblea Legislativa exhortó a esa dependencia a cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del DF, y cumplir con la resolución emitida por el Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal (INFODF).
El exhorto presentado por la diputada Lía Limón García incluye a los órganos, empresas y fideicomisos públicos del Gobierno del Distrito Federal para que respeten el plazo fijado por el INFODF. Además se pide a la Oficialía Mayor de la Asamblea Legislativa que promueva que dicho instituto imparta cursos para todas las unidades administrativas, comisiones y comités que integran este órgano legislativo, impartidos por el INFODF.
Por otra parte, con el fin de garantizar el derecho a la información y contribuir a la transparencia administrativa de las instituciones, los legisladores solicitaron al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a las 16 delegaciones políticas y a los órganos autónomos locales a publicar en sus páginas de Internet el listado de servidoras y servidores públicos que hayan cumplido o no con la entrega de su declaración inicial, anual de modificación patrimonial y la declaración de conclusión de su cargo.
La propuesta del diputado Juan Pablo Pérez Mejía señala que la existencia de estos documentos son una herramienta jurídica de amplias posibilidades para observar diversos procesos e informaciones de la historia de una o un servidor público, y aunque es limitado en su alcance, sirve para inhibir ciertas conductas lesivas contra una administración democrática.
La existencia del documento es un indicador de que la administración pública es propicia a la comisión de actos de corrupción y de corruptibilidad, por lo que el cumplimiento de esta obligación es necesaria para manifestar una trayectoria en la administración pública.