Incluir en la Constitución de la Ciudad de México la seguridad pública como derecho inalienable de las personas
06 de Abril de 2016
Boletín # 362
· Compareció titular de Seguridad Pública ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)
Sociedad e instituciones de gobierno tienen que trabajar juntos para crear los instrumentos y políticas públicas necesarias para un cambio cultural, legislativo y de procesos que permitan transitar hacia el entendimiento de la seguridad como un derecho fundamental inherente a las personas.
Con ello, quien atente contra ese derecho será objeto de la aplicación del peso de la ley tutelada en cualesquiera de sus formas, planteó el Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal (SSPDF), Hiram Almeida Estrada.
En el salón de plenos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), al comparecer ante los diputados de los distintos partidos políticos, el funcionario planteó que lo anterior hay que enmarcarlo en la Constitución de la Ciudad de México con una nueva visión de derecho inalienable de las personas, como la necesidad de garantizar y preservar la seguridad, pero también de defender cualquier efecto que tenga este derecho en riesgo de terceros.
Al presentar su cuarto informe de labores al frente de la SSP, precisó que el derecho a la seguridad debe concebirse no sólo de manera punitiva, sino bajo un esquema garantista y preventivo en el que un hecho delincuencial sea visto como un atentado a la seguridad de toda la sociedad y no sólo al individuo que fue afectado.
Esto representa, abundó, un cambio de paradigma sobre la concepción que tenemos de la seguridad y es por ello que la sociedad y las instituciones tenemos que trabajar juntos para crear los instrumentos y las políticas públicas necesarias para un cambio cultural, legislativo y de procesos.
Anteriormente, el otorgamiento de la seguridad pública se basó en una visión tradicional, en donde las instituciones responsables de ella resultaban suficientes para acotar las actividades delictivas mediante mecanismos tradicionales de control social, tales como: el endurecimiento de las penas, las labores policiales de disuasión y el papel reformatorio de los sistemas penitenciarios.
Sin embargo, dijo Hiram Almeida Estrada, en la coyuntura actual se han desencadenado una serie de cambios a nivel nacional e internacional que afectan significativamente las condiciones económicas, el tejido social, los espacios de convivencia y de interacción de las comunidades.
Esta nueva realidad ha permitido que se dé un replanteamiento de las nuevas políticas preventivas de la seguridad pública, las cuales no sólo deben enfocarse en el combate a la delincuencia, sino también en las condiciones sociales que propician o facilitan las conductas delictivas.
Indicó a los diputados que por ello fue fundamental enfatizar la concepción de un modelo de policía social capaz de entender y atender las demanda de atención de seguridad de los distintos sectores de la sociedad, reconociendo su diversidad, características y necesidades de acuerdo a sus geografías, costumbres, tradiciones, nivel cultural y de desarrollo, y demás componentes que conforman a nuestra sociedad.
Explicó que en este sentido se modificó la visión de seguridad pública en la Ciudad de México desde dos frentes. Por un lado, fortaleciendo las facultades de las instituciones de seguridad pública para permitirles enfrentar los hechos delincuenciales mediante nuevas herramientas tecnológicas, la modernización, la inteligencia, la capacitación, la profesionalización, y los diseños logísticos operativos basados en la tendencia cero.
Por otro, el respeto a los derechos humanos, la prevalencia de la legalidad y la rendición de cuentas, llevó a la secretaría a contar con protocolos de actuación que den certeza a la ciudadanía y al personal de cuáles son las acciones que deben realizarse y cómo hacerlas para no incurrir en violaciones.
Informó que la institución cuenta con una fuerza policial de 88,818 elementos policiacos listos para dar cumplimiento al Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y preservar el espíritu del cumplimiento de su misión.
De manera especial Almeida Estrada mencionó la necesidad de generar infraestructura de seguridad como parte de la certeza que hay que dar a la ciudadanía, pero de idéntica forma, dicha estructura deberá estar cercana, propiciar la continuidad de la eficiencia del desempeño a través de la tecnología.
En consecuencia, próximamente se inaugurarán estaciones de policía en los que núcleos no menores a 60 elementos policiacos estarán radicados en espacios físicos, cercanos a las colonias y las calles, y a los cuales los habitantes podrán acudir en demanda de seguridad, tranquilidad y certidumbre social.
Previo a la presentación del tercer informe del titular de la SSPDF, diputados de los diferentes grupos parlamentarios presentaron sus posicionamientos.
El diputado Carlos Alfonso Candelaria López, del Partido Encuentro Social (PES), manifestó su inconformidad sobre los montos de las multas establecidas en el Reglamento de Tránsito.
Propuso que en lugar de confiar el proceso de fotomultas a la empresa Autotraffic, se capacite a policías para dar servicios básicos e infraccionar de manera personal, porque el 92 por ciento de las multas que se emitieron gracias a los radares de velocidad, se invalidaron, demostrando que no se encuentran calibrados adecuadamente.
A nombre de la Coalición Parlamentaria de los partidos Humanista (PH), del Trabajo (PT) y Nueva Alianza (NA), el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, diputado Luciano Jimeno Huanosta, pidió poner atención a los elementos de seguridad de la secretaría para darles seguridad jurídica y laboral, y respetar sus derechos humanos.
Informó que existen 30 recomendaciones por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) que no han sido atendidos o se están incumpliendo parcialmente. En ese sentido, destacó que hay al menos mil 66 juicios laborales, de los cuales, en 345 habrá que pagar 30 millones de pesos para cubrir la indemnización de sueldos y salarios caídos, que representan 17 veces más, de lo que la CDHDF observó.
La diputada Vania Roxana Ávlia García, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, solicitó conocer las acciones que la Secretaría de Seguridad Pública está realizando para combatir el delito de violación que se incrementó 29 por ciento, y también aquellas para combatir el robo en el metro porque ascendió a un 25.8 por ciento.
En referencia del Reglamento de Tránsito, la diputada Eva Eloisa Lescas Hernández, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), señaló que su grupo parlamentario está a favor de reducir la velocidad toda vez que es adecuado para preservar la vida y evitar accidentes viales en un 10 por ciento, aproximadamente. Asimismo, dijo que no debe asociarse este tema a la contaminación que padece la Ciudad de México.
Lescas Hernández solicitó fortalecer los derechos a los servidores públicos de la secretaría, trabajar en materia de prevención del delito, rescate de animales y hacer valer el principio de legalidad.
Ante la decisión de la corte de anular el delito de ataques a la paz pública, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en voz de la diputada Jany Robles Ortiz, advirtió que no permitirán que se ponga en riesgo la seguridad de la ciudadanía. Por ello, instó a crear mecanismos para erradicar el vandalismo.
Al señalar que cuando se destituye a policías que enfrentaron un juicio por diversos asuntos ante el Consejo de Honor, existe la posibilidad de que estas personas desempleadas delincan, solicitó emprender acciones para que no incidan en delitos. En ese sentido, apuntó que el PRI vigilará los programas de control y capacitación que implementa la secretaría, a fin de incentivar a buenos policías y lograr que no sean fácilmente corruptibles.
El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Gonzalo Espina Miranda invitó al secretario Almeida Estrada a trabajar de manera conjunta con la Asamblea Legislativa en la construcción de un modelo policial que se apegue al respeto de los derechos humanos.
Además, mencionó que de lograrse el mencionado modelo, su partido apostará por impulsar la capacitación de los policías a fin de dotarlos con las herramientas necesarias para el desempeño de sus funciones. Lo anterior en el contexto de la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal.
Para reconocer a policías que exponen su integridad en beneficio de la ciudadanía, el diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), argumentó que estos elementos trabajan en atender de manera oportuna denuncias.
Informó que el número de cámaras de vigilancia aumentó de 7,999 a 11,523 y anunció que se pretende llegar a 18,092, lo que se traduce en una mayor presencia tanto policial como ciudadana. De igual forma, destacó que el número de alarmas vecinales también creció a 112,133 y se pretende entregar 501,118.
Finalmente, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, el diputado Raymundo Martínez Vite manifestó su preocupación por la seguridad en la ciudad. A pesar de las cifras y estadísticas presentadas en el informe, argumentó, la ciudadanía no percibe la reducción de los delitos de robo en transporte público, a bordo de taxis, a transeúntes ni del robo de vehículos.
Por el contrario, agregó, la gente percibe una creciente descomposición de su entorno inmediato, así como el aumento de bandas y grupos criminales. Martínez Vite consideró urgente que la policía se acerque a las colonias para lograr una efectiva coordinación con los vecinos y propuso a nombre de su partido privilegiar a la policía de investigación, lograr visión vecinal, preventiva, alejada del concepto de represión.
