INDEMNIZARÁN A CIUDADANOS POR DAÑOS EN SU PATRIMONIO
22 de Noviembre de 2012
El surgimiento de una legislación que repare los daños causados por el Estado frente a los individuos, significó un paso fundamental en la democratización de la función gubernamental, con ello los servidores públicos que causen en sus decisiones un daño o perjuicio al individuo no solamente serán sujetos de sanción, sino que el propio Estado está obligado a resarcir el daño causado ya sea por un bache, una obra o un servicio, sostuvo el diputado panista Orlando Anaya González al presentar la iniciativa de reforma a la Ley Responsabilidad Patrimonial.
El legislador señaló que una imprecisión en la ley vigente es que delega la carga de la prueba al particular y establece periodos y tiempos que operan en su perjuicio haciendo que los asuntos demandados ante la propia autoridad prescriban, los asuntos se atienden pero la sola prescripción en los tiempos hace que sólo proceda el 8% de los mismos.
Muestra de ello es que de los 44 recursos de reclamación que se presentaron en 2012, únicamente se emitieron seis resoluciones condenando al pago de la indemnización correspondiente y en dos procedimientos los promoventes se desistieron.
La iniciativa propone modificaciones procesales en los siguientes términos:
Autonomía.- que la autoridad motivo de la queja no sea la que conozca de ella y resuelva y que los procedimientos se radiquen ante el órgano interno de control del gobierno, del Tribunal Superior de Justicia o de esta Asamblea Legislativa.
Operatividad.- que los recursos humanos, financieros y materiales empleados en las dependencias destinados actualmente para la atención de estos asuntos sean transferidos a los órganos internos de control, incluyendo los módulos de responsabilidad patrimonial.
Previsión presupuestal.- proponemos que si un servidor público de un ente que está obligado a hacer la previsión presupuestal para el pago de indemnizaciones no lo hace, sea sancionado como falta grave en términos de responsabilidades de los servidores públicos.
Se reforman las reglas del procedimiento.- para poder brindar una mejor atención a los particulares.
Se propone ampliar el plazo de la prescripción a cinco años.- para adecuarla con la normativa presupuestal, con la que se encuentra vinculada, así como establecer que el término se interrumpe con la presentación del escrito de reclamación y no en perjuicio del quejoso.
En concreto el diputado Anaya González puntualizó que el procedimiento deberá iniciarse por reclamación del ciudadano interesado, ante la autoridad administrativa del ente público presuntamente responsable, se aplicará en forma supletoria para la sustanciación y en todo procedimiento el ente público correspondiente tendrá un término de cinco días hábiles para presentar su defensa y ofrecer las pruebas que en su derecho corresponda.
Asimismo cuando de las actuaciones, documentos e informes del procedimiento, la autoridad administrativa considere que son inequívocas entre el daño y la actividad administrativa de los entes públicos, la valoración de la lesión patrimonial y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio o a petición de parte interesada.
Resaltó que en caso de que la autoridad administrativa no notifique personalmente la resolución correspondiente al interesado, dentro de un plazo de cuarenta y cinco días, contados a partir de entrega de la reclamación, operará la afirmativa ficta, para lo cual bastará con que acredite ante la secretaría que ha transcurrido el término referido en este párrafo y que la autoridad administrativa no pueda acreditar la notificación personal de la resolución, para que se ordene el pago de la indemnización correspondiente, misma que será contabilizada por la propia secretaría.
Anaya González aseveró que de nada servirá contar con una ley que sea un catálogo de buenas intenciones, bondadosa en espíritu pero inaplicable en la práctica; con esta iniciativa lo que se busca es promover que todo vecino demande y reclame indemnización de los daños.
“Con estas modificaciones, pretendemos dar fuerza renovada a la legislación de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal y dotar al particular de eficaces reglas que le permitan exigir un resarcimiento derivado del daño ocasionado por el actuar omiso o irresponsabilidad de los servidores públicos de todos los órganos de gobierno, con ello, los y las legisladores estaremos coadyuvando en un mejor actuar público y en que cada gobernante y gobernado asuma su responsabilidad” finalizó el panista.
