INICIAN TRABAJOS PARA CONSENSUAR NUEVA LEY DE AGUAS
27 de Abril de 2014
La nueva Ley de Aguas del Distrito Federal deberá contemplar el agua como un derecho humano; la descentralización del Sistema de Aguas que le permita autonomía de gestión, patrimonio y personalidad jurídica propios, conservando la rectoría del recurso hídrico y que la Asamblea Legislativa conserve la facultad para establecer tarifas.
Así lo manifestó el presidente de la Comisión de Gestión Integral del Agua, Gabriel Godínez Jiménez, al presentar su iniciativa de ley quien además destacó que su propuesta contempla la implementación de indicadores sociales e institucionales con la finalidad de alcanzar las metas de sustentabilidad del recurso hídrico.
Afirmó que la nueva Ley deberá reformarse de manera consensuada y plural este año en beneficio de los capitalinos. De no hacerlo, apuntó, se condenaría al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, (SACMEX), a la ineficiencia, a la improvisación, a no tener capacidad de respuesta ante las emergencias y a no prestar un servicio de calidad.
A su vez recordó que las fuentes de abasto del agua se están agotando y mencionó que las redes de distribución y saneamiento son viejas y obsoletas; se están colapsando y ponen en riesgo el futuro inmediato de la ciudad. En un lapso no mayor a 10 años requerirán atención inmediata y en las actuales condiciones no será posible atenderlas oportunamente, señaló.
También refirió que a la fecha se registran 75 socavones en la red hidráulica de la ciudad, tanto en la primaria como en la secundaria, por lo que, advirtió, es urgente la modernización y descentralización del SACMEX a través de las reformas a la respectiva ley.
La iniciativa pretende reformar diversos artículos de la Ley de Aguas para reconocer al agua como un derecho humano, que implica que todos dispongan de agua suficiente, salubre, aceptable y asequible para el uso personal y doméstico, enfatizó.
La propuesta perredista contempla la materialización del acceso al agua como derecho humano; que todos tengan agua todo el tiempo y la descentralización del SACMEX visto no como sinónimo de privatización de los servicios hidráulicos, agua y drenaje, subrayó el legislador.
Explicó que la operación, distribución y comercialización estarán a cargo de la institución gubernamental y en todo caso la participación privada debe darse sólo en la construcción y ampliación de la infraestructura como ocurre en la obra pública por licitación.
Además, enfatizó, el SACMEX deberá ser un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Medio Ambiente.
Sostuvo que el objetivo principal será la operación de la infraestructura hidráulica y la prestación del servicio público prioritario de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reuso de aguas residuales en óptimas condiciones.
El asambleísta rechazó tajante cualquier posibilidad de privatizar el suministro de agua potable porque se trata de un recurso de primera necesidad para la población y se mantendrá como un servicio público.
Se propone además, agregó, que el SACMEX cuente con una Junta de Gobierno y con un Consejo Consultivo con participación de la sociedad civil.
La Junta de Gobierno, expuso, estará encabezada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal e integrada por los titulares de la Contraloría General y de la Comisión de Gestión Integral del Agua de la Asamblea Legislativa.
De igual forma estará compuesta por los titulares de las secretarías de Gobierno, Finanzas, del Medio Ambiente, de Salud, Desarrollo Urbano y Vivienda, así como por del titular de Obras y Servicios, y el presidente del Consejo Consultivo.
El Consejo Consultivo, será integrado por destacados académicos de instituciones públicas de educación superior; de ONG´S relacionadas con el medio ambiente, derechos humanos y con el uso del agua, entre otros.
La ALDF deberá conservar la facultad histórica de autorizar tarifas
El diputado Gabriel Godínez enfatizó que para materializar el derecho humano al agua la ALDF deberá mantener la atribución histórica de aprobar las tarifas por el suministro de agua.
Precisó que la Asamblea debe asumirse como parte estratégica de un marco regulador que proteja los derechos ciudadanos y evite que el organismo incurra en posibles violaciones o abusos cuando se descentralicen los servicios de agua y saneamiento.
