Inician trabajos para crear Registro de Agresores Sexuales
25 de Agosto de 2016
· Se trata de otorgar un instrumento para dar cifras, herramientas, que coadyuve en investigaciones y sentencias: Víctor Romo
· Coinciden expertos en que se tiene que velar por los derechos de las víctimas
· Respecto a averiguaciones previas de 2010 a mayo de 2016 disminuyeron las de abuso sexual 15.6% y las de acoso sexual bajaron 91.48%
El diputado Víctor Hugo Romo Guerra dio a conocer que arrancar los trabajos para impulsar un Registro de Agresores y Acosadores Sexuales, con la finalidad de prevenir estos delitos, ayudar a las víctimas, así como complementar y reforzar el sistema de justicia de la Ciudad de México.
Tras concluir la Mesa de Análisis para la creación del Registro de Agresores Sexuales y Acosadores de la Ciudad de México, el legislador perredista indicó: se tiene que acordar con diferentes áreas y rangos institucionales para poder elaborar una reforma de ley sustancial.
Esta mesa constituye un primer acercamiento al problema, dijo, y se complementará con la opinión de todos los expertos para lograr el objetivo, que es otorgar un instrumento que sirva para contar con cifras, herramientas, que coadyuve en investigaciones y sentencias, y propicie líneas de prevención para instancias como INMUJERES.
“Previamente se presentó un punto de acuerdo sobre esta materia aprobado por unanimidad por la ALDF para la prevención de estos delitos, auxiliar a las víctimas y también complementar el sistema de justicia, con la finalidad de instaurar una cultura de prevención de este tipos de delitos”.
Al respecto, Francisca López Gutiérrez, representante del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, comentó: tenemos que velar por los derechos de las víctimas y definir hacia dónde va la legislación en esta materia.
Asimismo, Jesús Rodríguez Núñez, representante de la Secretaria de Desarrollo Social refirió que lo que se busca es la prevención de este tipo de agresiones tanto en menores de edad como en mujeres adultas, que se haga investigación de los delitos por zona, que se ponga el registro de deudores alimentarios, y ver si se hace este registro de agresores público o no.
Por su parte, representantes de INMUJERES DF, mencionaron que no existe la cultura de la denuncia entre las víctimas, “por ello el DIF se queda en el limbo, porque no cuenta con ese tipo de registros para brindar la ayuda directa que se requiere a las víctimas se complica mucho por falta de esta documentación”, aseguró.
Es por miedo que las víctimas no lo hacen –opinaron- ya que la mayoría de ellas son agredidas por alguien de su círculo cercano: familiar, laboral o amistoso, lo que complica la investigación.
También representantes de la COPRED expresaron que es una tarea difícil y preocupante porque se tiene que ver el planteamiento de los derechos humanos, ya que existe la premisa de “ninguno es más importante que el otro”, por lo que puede ocasionar un choque entre derechos.
“Hasta dónde llega el derecho de intimidar, el de la seguridad jurídica, pública y de la ciudadanía, por ello hay que hacer un análisis de la ley sobre la transparencia, el cómo abordar el principio de máxima publicidad, modificaciones a las leyes y fundamentarlos porque se puede llegar a vulnerar derechos y eso se tiene que evitar”, expresaron.
Por su parte, las representantes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal resaltaron, con datos de la “Estadística Abuso sexual y Acoso Sexual 2010 – 2016 (enero a mayo)”, que la incidencia por el delito de abuso sexual de 6.70 averiguaciones previas en promedio diario en 2010 a 5.65 a enero-mayo de 2016, por lo que existe un disminución del 15.6%, mientras que en el caso del acoso sexual pasó de 0.39 en 2010 a 0.03 durante el periodo de enero a mayo de 2016, registrando una disminución del 91.48%
“Las colonias con mayores incidencias son: Centro, Doctores, Guerrero, Agrícola Pantitlan, Juárez, Roma Norte, Narvarte, del Valle Centro, Agrícola Oriental, Tacubaya, Pedregal de Santo Domingo, Tabacalera, Jardín Balbuena, Buenavista, Zona Centro, San Ándres Toltepec, Obrera, Polanco, Santa María la Ribera, Santa Martha Acatitla, Residencial Zacatenco y Granjas México.
“Mientras que las colonias con mayores incidencias por acoso sexual son: Juárez, Centro, del Valle Centro, Pedregal de Santo Domingo, Agrícola Pantitlan, Central de Abasto, Narvarte, San José Insurgentes, Doctores, tabacalera, Granjas Modernas, Agrícola Oriental, Jardín Balbuena, Álamos, Nativitas, Santa Cruz Atoyac, Emiliano Zapata (Fraccionamiento popular), Arvide, Guerrero, Obrera, Lindavista, Lomas de San Lorenzo, Unidad Ejército Constitucionalista, Irrigación, Tacuba, Aeropuerto Internacional Benito Juárez, Merced Balbuena y Moctezuma Segunda Sección”, destacaron.
Romo Guerra mencionó que existen antecedentes internacionales como el de Estados Unidos con el National Sex Offender Public Website, que es un sistema gubernamental del Departamento de Justicia de ese país y es el único que es público y que se creó en 2004.
Sin embargo –señaló- al ser este sistema público conlleva a otros fenómenos sociales como la venganza, pero es firme gracias al sistema sólido de justicia que tiene Estados Unidos, que es muy distinto al de México, por ello debemos aterrizar y adaptar esta situación a nuestro propio sistema de justicia, aunque se vea complicado,
“¿Cómo aplicamos este instrumento para que funcione para todas las instancias con el objetivo de la procuración de justicia?”, cuestionó.
“Nuestro objetivo es ponernos a la altura de estos estados en donde la procuración de justicia es ejemplar, donde los indicadores de procuración de justicia son positivos, pero también de debe abordar el tema de cómo salvaguardar los derechos de los agresores y de las víctimas ya que el resultado debe ser la reparación de daño y que las sentencias no vayan a trastocar alguna violación de derechos humanos
Romo sostuvo que esto es únicamente a nivel local, ya que puede suceder que “aquí se tiene el registro y alguien es procesado por una sentencia condenatoria, se le pone en el registro, pero en Campeche alguien cometió el mismo delito y es procesado del mismo modo, y qué pasa, la Ley General tiene que proteger los derechos de todas las personas y ahí es cuando intervienen instrumentos constitucionales como el amparo, y ello podría echar abajo el registro o incluso una instancia podría promover una acción de inconstitucionalidad contra las modificaciones que se hagan”.
Debemos ver cómo abordar el tema para que nos quede un buen producto legislativo y que no vaya a ser sujeto a ninguna vulnerabilidad, destacó.
Comentó que falta escuchar la postura de la Comisión de Derechos Humanos, porque cuando salió el sistema en Estados Unidos, ocurrieron dos asesinatos por situaciones de venganza, entonces se tiene que prevenir este tipo de acciones y que no se vuelva este registro para otros fines que no sean salvaguardar a las víctimas de sus agresores, y evitar que se convierta en un arma de doble filo.
Finalmente a la Mesa de Análisis asistieron Itzel Diez de Bonilla de la ALDF; Jesús Rodríguez Núñez de SEDESO; las maestras Alicia Rosas Rubí (fiscal central), y Liliana Mijangos Contreras de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX; Omaira Ochoa Mercado y Rosaura Ramírez Zamudio y Olga Hernández Chóng, de INMUJERES.
Además, Jorge Romero Marinero y Sagrario Gutiérrez de InfoDF; María Isabel Arévalo y Vilma Ramírez Santiago de Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX (COPRED); Gabriel Mendoza y Erika Juárez de DIF-DF; Francisca López Gutiérrez del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX (TSJCDMX), y Norma Karina Aguilar Villanueva, enlace legislativa de la Secretaría de Gobernación.
