INSISTE CDHDF QUE NO SE CONSULTO A CIRQUEROS PARA ANÁLISIS DE LEY
06 de Julio de 2014
El Dip. Rubén Escamilla, secretario de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente de la ALDF insistió que el Gobierno del Distrito Federal debe regresar con observaciones a la Asamblea Legislativa la ley de Protección a los Animales y para la Celebración de Espectáculos Públicos que prohíbe el uso de especies en circos, en vista que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) concluyó que los legisladores no analizaron a fondo el impacto que la medida tendría sobre los derechos de las personas, en este caso los empresarios y trabajadores de carpas, así como de personas que gustan de acudir a estos espectáculos.
“La falta de participación ciudadana en los asuntos públicos y de gestión estatal anula la corresponsabilidad social de las y los ciudadanos y del Estado, una democracia participativa, así como el verdadero consenso y legitimación sobre las decisiones que el Estado toma. De igual forma, la falta de una consulta adecuada a las personas que serán afectadas por la medida impuesta provoca afectaciones en su derecho de participación y probablemente en algunos otros derechos”, se lee en un análisis hecho por la comisión.
Cabe recordar que México ha contraído compromisos concretos en materia de derechos humanos, a través de la firma de diversos instrumentos internacionales. Entre éstos el compromiso que surge a partir de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993. Ahí los estados se comprometieron a cumplir la Declaración y el programa de Acción de Viena y así buscar mecanismos y herramientas para mejorar la situación y el cumplimiento de los derechos humanos al interior de los estados.
Uno de los aspectos que deberían considerar los dictámenes analizados por la ALDF es el probable impacto que las medidas puedan tener al derecho a la propiedad privada en vista de que los animales de circo son propiedad de los empresarios, por lo que ningún otro ente puede interferir en su adjudicación.
Para tal efecto podrían considerarse los artículos 20.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 30 del Código Civil para el Distrito Federal, así como el marco jurídico establecido en el artículo 27, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la posibilidad de establecer restricciones a la propiedad privada que dicte el interés público, sin dejar de lado aquellos estándares internacionales aplicables.
Por otra parte, las observaciones de la CDHDF destacan que en ningún párrafo la ley, impulsada por el Partido Verde Ecologista de México, menciona sobre los costos económicos que implicarían para el gobierno la retención y traslado de los animales, así como las estrategias, planes y acciones a seguir para su atención inmediata y canalización a instituciones capaces de brindarles atención adecuada.
Por ende, queda poco claro quién se encargaría de las especies en caso de que se intentara retenerlas por parte de la autoridad local.
Hay que destacar que el Programa de Derechos Humanos del DF, en el capítulo 18 sobre Derecho al Trabajo y Derechos Humanos Laborales, editado por el Gobierno del DF, la Asamblea Legislativa, la Comisión de Derechos Humanos del DF y el Tribunal Superior de Justicia del DF, señala que en el ámbito federal, las medidas legislativas regresivas adoptadas y/o en discusión en el seno del poder legislativo federal, así como la existencia de una normatividad federal que mantiene una serie de contradicciones e incongruencias, contribuyen a limitar el pleno goce de los derechos humanos laborales y sindicales tanto de la población capitalina como del país.
En este sentido no es entendible, que mientras se califica de regresivas, contradictorias e incongruentes las medidas legislativas federales en materia de empleo, en el Distrito Federal se afecten las fuentes laborales al prohibir la utilización de animales en circos toda vez que es el históricamente son principal atractivo y se ha demostrado el correcto trato hacia los especímenes, ello con aval de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)
