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INSTA ALDF A PGJDF INVESTIGAR CON TRANSPARENCIA E IMPARCIALIDAD MULTIHOMICIDIO EN LA COLONIA NARVARTE

INSTA ALDF A PGJDF INVESTIGAR CON TRANSPARENCIA E IMPARCIALIDAD MULTIHOMICIDIO EN LA COLONIA NARVARTE

12 de Agosto de 2015

Por unanimidad, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), aprobó un punto de acuerdo presentado por el Diputado Cuauhtémoc Velasco mediante el cual, se solicita al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Rodolfo Ríos Garza, investigar con transparencia e imparcialidad el multihomicidio cometido contra cinco personas -entre ellas el fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera- el pasado 31 de julio en la colonia Narvarte.

El legislador dijo que, en el marco de la promulgación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dicha instancia debe agotar todas las líneas de investigación y realizar las indagatorias pertinentes, tácitas e imparciales, en torno a la declaración que rindió el gobernador Javier Duarte para evitar que se trate únicamente de un ejercicio protocolario que impida ampliar aquellas averiguaciones que apuntan hacia amenazas recibidas por las víctimas en el ejercicio de su profesión como probable causa del crimen.

En otro punto aprobado de manera unánime que presentó la Secretaria de la Comisión de Gobierno, Diputada Ariadna Montiel Reyes, la VI Legislatura manifestó su condena a las acciones emprendidas por el Gobierno Federal a través de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Comunicaciones y Transportes (SCT), quienes –dijo- violan el uso y protección de datos personales y biométricos de capitalinos beneficiarios del Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre, implementado el pasado 1 de julio.

Acusó que las Reglas de Operación son “inexistentes” y los padrones y datos personales de los beneficiarios han sido entregados a empresas privadas.

Montiel Reyes aseguró que “este programa para lo único que sirvió fue para generar un proceso clientelar en las elecciones concluidas este año” y afirmó que la entrada de la tecnología digital podría haberse hecho mediante la entrega de decodificadores.

Solicitó por lo tanto a la Sedesol, que informe sobre el padrón de beneficiarios de ese programa y suspenda la entrega de televisores hasta que existan los lineamientos adecuados para ello. También exhortó a la Secretaría de la Función Pública y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, investiguen a la Sedesol y la SCT por violentar los derechos a la preservación de datos personales e identidad de los ciudadanos, y pidió la publicación de este punto de acuerdo aprobado, en tres diarios de circulación nacional.

En su caso, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Santiago Taboada, a nombre de Orlando Anaya González, pidió a las titulares del Instituto de las Mujeres, Teresa Incháustegui, y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, implementar una campaña de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en la capital del país, pues expuso que “resulta necesario el fomento a la transformación de los modelos socioculturales de conducta, eliminando estereotipos y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación” hacia ellas.

De igual modo y a nombre de su compañera de bancada, Olivia Garza de los Santos, Taboada Cortina solicitó a la Secretaría de Protección Civil y a la Contraloría General del Distrito Federal, dar cuenta a este órgano del total de inmuebles antiguos ubicados en las delegaciones Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc que se encuentran en mal estado, toda vez que representan un riesgo potencial para los vecinos de la zona.

Además, el legislador pidió a las instancias pertinentes informen de las acciones de protección civil y prevención de riesgos que se llevan a cabo en ambas demarcaciones, así como del padrón de riesgo y seguimiento que se les brinda conforme al Protocolo de Actuación en la materia.

En su turno, el legislador Samuel Rodríguez Torres del Partido Verde (PV), fundamentó ante el Pleno, el punto de acuerdo mediante el que se solicita a las 16 jefaturas delegacionales, informar detalladamente sobre el total de elevadores instalados en puentes peatonales para personas con capacidades diferentes, así como dar cuenta de la situación mecánica y operativa en que se encuentran, pues la inversión ejercida asciende a los dos millones de pesos.

El Pleno de la Diputación Permanente también respaldó con mayoría de votos, el punto de acuerdo presentado por el legislador priísta Jaime Alberto Ochoa Amorós, mediante el cual solicitó a Mariano Leyva, responsable del Fideicomiso del Centro Histórico, detallar el estado que guardan las obras de restauración realizadas a la escultura de “El Caballito”, situada en Avenida Reforma, e indique el tiempo que tardarán en concluir.

Los asambleístas ratificaron la propuesta presentada por Yuriri Ayala Zúñiga a nombre de su homóloga, la diputada Lucila Estela Hernández, del PRD, mediante la cual solicitó a la ALDF y a las áreas de participación ciudadana del gobierno capitalino y de las 16 delegaciones políticas, iniciar las acciones de difusión correspondientes para informar a la ciudadanía, sobre los lineamientos de la convocatoria que emitirá el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) entre los meses de agosto y septiembre, así como de la consulta popular que habrá de realizarse el segundo domingo de noviembre respecto al Ejercicio del Presupuesto Participativo del año 2016.

Finalmente, el diputado panista Santiago Taboada lamentó el hecho de que la Consejería Jurídica del GDF “vetara” más de 60 decretos impulsados en esta VI Legislatura de la Asamblea capitalina. Taboada Cortina calificó como “falta de respeto” el hecho de que el anterior Consejero Jurídico acompañara a la ALDF y pidiera apoyo para muchas de las iniciativas promovidas por el Jefe de Gobierno; pero que meses después las frenara “en un albazo” y sabiendo que hoy ya no hay tiempo para hacer las modificaciones respectivas y sacar adelante dichos ordenamientos.