INSTAN A CONSEJERO JURÍDICO EFICIENTAR TRABAJO DE DEPENDENCIA
14 de Octubre de 2013
En el marco de la comparecencia del titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del DF, José Ramón Amieva Gálvez, las diputadas del Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del DF, Priscila Vera Hernández, Olivia Garza de los Santos y Gabriela Salido Magos, cuestionaron al funcionario sobre el avance en la modernización del Registro Público de la Propiedad, juicios de lesividad, realización de trámites, rezago en la defensoría de oficio, y el estatus en el que se encuentran los casos del parque Reforma Social y el predio del predio ubicado en Montes Apalaches 525.
Durante la ronda de preguntas y respuestas, la diputada Priscila Vera cuestionó al funcionario sobre el proceso de modernización en el que se encuentra el Registro Público de la Propiedad, ya que, con los poco más de mil 400 millones de pesos que recauda es necesario que sea más eficiente para dar mayor certeza jurídica, mayor inversión y un monto de recursos adicionales para la ciudad.
“Hemos escuchado en los últimos años que esta en un proceso de modernización, que sin duda nosotros celebramos, pero quisiéramos saber ¿qué avance lleva realmente?… y ¿el monto total de los recursos que se han invertido en esta modernización… y los que necesitan de manera adicional?”, preguntó.
El funcionario respondió que el proceso de modernización tiene un avance del 80 por ciento y para completarlo llevará lo que resta del año y el que viene. Dijo que de 2008 a 2012 se han invertido cerca de 408 millones de pesos y que faltarían 200 millones de pesos aproximadamente solo para este rubro, sin contar el costo de las instalaciones.
Priscila Vera informó que Acción Nacional está comprometido con el otorgamiento de recursos a este rubro, mediante dos esquemas: que el 20 por ciento de los ingresos que entren por aprovechamiento se destine a tecnología y a todo el personal técnico y administrativo que requieren; segundo, que haya un monto adicional por la realización de trámites exprés.
Respecto a juicios de lesividad, la diputada del GPPAN preguntó cuantos de éstos son por acción u omisión en materia de desarrollo urbano, sobre todo la responsabilidad patrimonial que se le genera al Gobierno de la ciudad, para que los funcionarios públicos se hagan responsables en caso de emitir una autorización de uso de suelo mal fundada, “eso le cuesta a la ciudad, lo pagamos los capitalinos y esos funcionarios parece que siguen en la impunidad”.
Amieva Gálvez dijo que existen 11 juicios de lesividad por uso de suelo. En este sentido, el funcionario coincidió con la diputada en que es necesario constituir una instancia que pudiera agrupar la información de Registro Público, de Catastro y de uso de suelo al que cualquier ciudadano tuviera acceso. Esto, dijo, serviría para verificar que si se va a autorizar una construcción cuente con el uso de suelo adecuado.
Por su parte, la diputada Olivia Garza de los Santos señaló que la ciudad aspira a que los trámites ante cualquier autoridad sean atendidos de manera eficaz y que haya certeza jurídica de la propiedad que posea el ciudadano, así como de los documentos que tengan que ver con la Consejería a su cargo, “¿qué medidas ha tomado la Consejería para reducir la carga regulatoria a la población?”
El titular de la Consejería Jurídica dijo que para reducir esta carga es necesario que el acceso a la información sea adecuado para que la gente sepa qué mecanismos seguir para realizar algún trámite y que este proceso sea acompañado por un servidor público. Además, señaló la importancia de poder realizar trámites y recibirlos pueda ser en línea y que estos sean subsecuentes. Para garantizar lo anterior, dijo que hace falta tener la información digitalizada, tener conectividad, tener los medios tecnológicos y tener las instancias de custodia informática.
Garza de los Santos, dijo que existe un rezago en la defensoría de oficio y en materia penal, pues solamente se cuenta con 500 defensores de oficio para atender a todos los procesados, por lo que hizo un exhorto a que haya más de estos que estén más capacitados, de manera que los procesados de escasos recursos puedan tener la misma defensa que un ciudadano que puede contratar un abogado particular.
José Ramón Amieva, coincidió con la diputada en que es necesario aumentar el número de defensores de oficio, los cuales cuenten con una capacitación adecuada, pues aseguró que la capacidad de atención depende de los recursos humanos con los que se cuenta.
En su oportunidad, la diputada Gabriela Salido preguntó al Consejero Jurídico sobre el enfrentamiento entre vecinos, registrado el pasado 24 de septiembre en el parque Reforma Social y diferentes trabajadores de los propietarios del predio, conflicto que prevalece desde 1992 cuando los dueños lograron un juicio de amparo por considerarse como de su propiedad el terreno, a pesar de haber sido expropiado en 1977 por decreto presidencial.
“Este espacio ha sido utilizado por más de 30 años por los habitantes de la colonia Reforma Social como un espacio recreativo, y quitarles este espacio se vería reflejado en una grave afectación, no solamente a la colonia sino al tejido social de la zona”, señaló.
Por lo cual, cuestionó sobre las acciones que se están tomando por parte de la Conserjería Jurídica respecto a este tema, además pidió una explicación por el cual se realizó en su momento una defensa apropiada en cuanto a dicho conflicto.
Al respecto, el funcionario dijo que se trata de una expropiación presidencial, la cual fue determinada como la reversión de dicho decreto ya que se valoraron pruebas periciales elaboradas por PGR, en cuanto a la ubicación del inmueble. Explicó que este predio tiene un uso de suelo de área verde, por lo que se ha propuesto a la Secretaría de Gobierno hacer un avalúo para realizar un acercamiento entre la asociación que pudiera tener la propiedad del inmueble, para generar una compraventa consensuada o una permuta por algún otro inmueble de la administración pública del DF, a través de un sistema de compensación, incluso a través de condonación de impuestos y derechos.
Salido Magos citó el caso del predio ubicado en Montes Apalaches 525, de cuatro mil 799 metros cuadrados, el cual, dijo, debido a una mala defensa por parte del Gobierno del DF se perdió y se tuvo que otorgar la posesión física a la inmobiliaria Trepi, por lo que preguntó la situación actual del conflicto.
“Estos dos son casos claros de procesos mal llevados que hoy le implican un costo a la ciudad y que, obviamente, tenemos que buscar de que manera pueden ser subsanados”, apuntó.
El Consejero Jurídico y de Servicios Legales del DF informó que el amparo que se otorgó al predio de Montes Apalaches 525 fue para la tramitación de un decreto de expropiación que se estaba realizando en la anterior administración. Dijo que se dio cumplimiento a este amparo y que la Secretaría del Medio Ambiente esta solicitando nuevamente que se lleve a cabo la expropiación de este predio.
