INSTAN INCREMENTAR PENAS A QUIEN ULTRAJE A LA AUTORIDAD
26 de Septiembre de 2013
La importante labor que realiza Seguridad Pública es trascendental y de gran valor en el Distrito Federal, sin embargo se ha visto limitada en los últimos meses, ya que el respeto por la investidura que representa la autoridad ha sido rebasada con muestras de prepotencia y violencia hacia los cuerpos policiacos, afirmó el diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD.
Por lo anterior, propuso aumentar la pena y multa a quien ultraje a la autoridad y se derive en agresiones físicas contra elementos de corporaciones policiacas con motivo de manifestaciones, marchas, conmemoraciones o cualquier evento público o privado que genere o pueda generar disturbios masivos.
Subrayó la importancia de su propuesta, debido a que en diversas manifestaciones acontecidas en la ciudad, los grupos sociales han lesionado y retenido a algunos agentes de Seguridad Pública, así como también se han retenido y golpeado a diversos trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, sin que hubiera provocación alguna por parte de la autoridad, subrayó.
Por lo anterior, el legislador perredista propuso ante el Pleno de la Asamblea Legislativa, una Iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 287 de Código Penal para el Distrito Federal.
Santana Alfaro señaló que la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal en su artículo segundo establece que la seguridad pública es un servicio cuya prestación, en el marco de respeto a las garantías individuales, corresponde en forma exclusiva al Estado y tiene por objeto mantener el orden público.
Añadió que dentro del Manual ampliado de los Derechos Humanos para la Policía, se establece que los funcionarios encargados de hacer valer la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la propia ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto nivel de responsabilidad exigido por su profesión.
Sin embargo, dijo que el servicio a la comunidad y la disciplina, así como el respeto a los derechos humanos y a la legalidad, son principios normativos que los cuerpos de seguridad pública deben observar invariablemente en su actuación.
