Inviable la construcción del Viaducto La Raza-Indios Verdes-Santa Clara, es absolutamente depredador: Ana J. Ángeles
12 de Octubre de 2016
· Delegados de Cuauhtémoc, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero se pronunciaron en contra; previenen ecocidio
· La SCT no presentó estudios de mecánica de suelos y de impacto ambiental, además carece de recursos por más de 5 MMP
· Concesión afectaría economía de capitalinos al pagar peaje por utilizar el Viaducto que sólo beneficiaría a mexiquenses y a la IP
A pregunta expresa de la diputada Ana Juana Ángeles Valencia, la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado Castro, afirmó que es inviable el proyecto para la construcción del Viaducto La Raza-Indios Verdes-Santa Clara por ser absolutamente depredador.
Además de las declaraciones de la funcionaria del gobierno capitalino, los Jefes delegacionales de Azcapotzalco y Cuauhtémoc se pronunciaron por escrito en contra de las obras por considerarlas altamente nocivas para la preservación del medio ambiente de la zona norte de la capital del país.
Por su parte, la negativa del delegado de la Gustavo A. Madero la dio a conocer Patricia Mercado durante la ronda de preguntas y réplicas que diputados de todos los Grupos Parlamentarios plantearon con motivo de la Glosa del IV Informe de Gobierno de la Ciudad de México que su titular, doctor Miguel Ángel Mancera, presentó al órgano legislativo el mes pasado.
En el marco de la ronda de preguntas que formuló la diputada Ana Juana Ángeles Valencia, señaló que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), carecía de estudios de mecánica de suelos, impacto ambiental y sobre todo de recursos para financiar la obra que tendrían un costo por más de cinco mil 556 millones de pesos.
En ese sentido, la legisladora cuestionó a Mercado Castro las razones por las que el gobierno de la Ciudad de México había firmado un convenio de colaboración y aceptado se realizara dicha obra vial para dar movilidad a más de 50 automóviles diariamente provenientes del Estado de México.
La funcionaria respondió que “el Jefe de Gobierno no está obligado”, aunque firmó el convenio, porque (la SCT) no han presentado proyecto Ejecutivo. “Entonces el proyecto como no lo han presentado en este momento no le vemos viabilidad”, afirmó.
Abundó en su respuesta: “si hay algún otro proyecto pues ya el Jefe Delegacional, nosotros mismos y a través de ustedes lo haremos conocer, pero efectivamente no avanzaríamos por ese camino con ese planteamiento que se tiene que es absolutamente depredador”.
Ángeles Valencia por su parte señaló que es necesario realizar una mesa de trabajo donde intervengan las autoridades delegacionales, del gobierno Central, vecinos de la GAM, ambientalistas, urbanistas, especialistas en movilidad, en mecánica de suelos, hidrología y geotécnica entre otras especialidades para diseñar alternativas de solución al problema complicado de movilidad en la zona circunvecina de los Indios Verdes.
Debe evitarse el ecocidio sin importar quien o quienes lo propicien porque se tiene contemplado construir un Centro de Transferencia Modal (CETRAM), donde confluyan el MAXIBÚS, las Líneas 5 y 7 del METROBÚS, así como la extensión de las líneas del Metro de la zona norte de la Ciudad de México.
Afirmó tajante que ni Morena, ni los habitantes se oponen a la modernidad pero que las obras se realicen en beneficio de todos, en el sitio, en el lugar adecuado, sobre todo cuando ya se tengan todos los impactos, se conozcan los pros y los contras de mega obras, y cuyos recursos deberán ser públicos y manejados con trasparencia.
En reunión con vecinos de las colonias afectadas aseguró que Morena no tiene la necesidad de obtener ventajas con la resolución definitiva del gobierno capitalino de no permitir esta obra por ser altamente dañina para los capitalinos.
Destacó que la cancelación de la obra se sustenta porque la empresa ganadora de la licitación, la Concesionaria Viaducto Indios Verdes, S.A. de C.V. no requisitó en tiempo y forma el contrato por 30 años para cobrar peaje a través de la fórmula de una Asociación Pública Privada (APP).
Consideró que este caso debe transparentarse todas vez que los 5 mil 556 millones de pesos que costaría la obra, es una cantidad que podría cubrir el gobierno Federal sin acordar pactos con la iniciativa privada y que más que un beneficio para agilizar la movilidad fue un negocio que no se concretó y que se desplomó por incumplimiento.
