IR CONTRA LEY DE SANCIONES PENALES ES INCONGRUENTE
21 de Julio de 2011
El diputado local Alejandro Carbajal González señaló que es un despropósito y una lamentable incongruencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el haber promovido el pasado lunes una acción de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social, ya que forma parte del propio Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el D.F., y participó en todo el proceso de creación de la nueva ley, sin que hicieran observación alguna.
El legislador mostró preocupación ante lo que identificó como una “conducta errática del Presidente de la CDHDF”, señalando que aunque la Comisión tiene todo el derecho, “ojala que esto no obedezca a las diferencias ya manifiestas con el Gobierno local, porque sería una irresponsabilidad apuntó.
El Vicecoordinador de la Fracción Parlamentaria del PRD en la ALDF, señaló que si bien los instrumentos de la ONU para la promoción y defensa de los derechos humanos de los procesados y sentenciados establecen la prohibición de los estudios técnicos a los procesados, en ningún momento prohíben su realización para los sentenciados ejecutoriados.
“La Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal es una Ley de aplicación exclusiva a sentenciados ejecutoriados, por ello no tiene razón la CDHDF en la controversia constitucional interpuesta en contra de esta Ley”, fustigo el legislador.
Con esta lamentablemente acción la CDHDF descalifica el trabajo de meses del Consejo y de todos sus miembros, destacando que el día de su aprobación en el pleno de la Asamblea Legislativa del D.F., de manera inoportuna se presentaron los representantes de la CDHDF solicitando la inclusión de “cambios de fondo en el Dictamen”, sin que pudieran someterse a un análisis y discusión consensuados por todos los grupos parlamentarios, señaló
Por otro lado, una vez aprobada dicha iniciativa transcurrió más de un mes sin que existiera comunicación alguna de su parte, y faltando tres días para su inicio de vigencia; solicitaron al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, vetar la ley, a tres días de que entrara en vigor en cumplimiento cabal a la Reforma Constitucional de 2008.
El diputado Alejandro Carbajal dijo que con la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del D.F. y la creación de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social, tenemos la oportunidad de reorientar el sistema penitenciario hacia un modelo más eficaz de administración y procuración de justicia, que dará una mayor coordinación entre autoridades judiciales y ejecutivas que permita realmente reincorporar a quien ha cometido un delito, a la vida en sociedad, salvaguardando íntegramente sus derechos humanos.
