JERARCAS CATÓLICOS NO DEBEN OPINAR SOBRE ABORTO
26 de Septiembre de 2011
La diputada Maricela Contreras Julián afirmó que, “Los jerarcas de la iglesia católica no tienen nada que opinar en las discusiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre las reformas de las entidades federativas que criminalizan el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo. Parten de una concepción meramente religiosa que ignora la realidad social y es indiferente ante la demanda de respetar nuestro derecho a una maternidad, libre e informada, que se garantice nuestra salud para que no termine nuestra vida en un aborto clandestino o en condiciones insalubres y fuera de toda regulación jurídica”.
La Presidenta de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal exigió de los líderes de la iglesia católica respeto de los debates sobre el reconocimiento y avance de los derechos humanos en nuestro país, pues “su visión sobre el aborto en nada ayuda a reducir los riesgos de muerte de mujeres y ofrecer garantías para cuidar su salud ante un embarazo no deseado; dicen defender la vida, pero se contradicen cuando no les está interesando el peligro que representa para una mujer interrumpir su embarazo sin que se tengan los medios adecuados que garanticen un acceso seguro a los servicios de salud”, afirmó.
Contreras Julián llamó a la SCJN para que en el debate que está dando sobre la constitucionalidad de las reformas en las entidades federativas que penalizan el aborto privilegie lo que denominó como “una agenda progresista de promoción de derechos y no aceptar el enfoque conservador de algunos sectores que quieren imponer su visión personal y moral sobre temas de salud pública.”
La legisladora el sol Azteca informó que a raíz de las reformas que permiten la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal, 18 estados del país reformaron sus constituciones locales para proteger la vida desde el momento de la concepción y criminalizan el aborto, “lo que representa un retroceso para los derechos de las mujeres, impactando en las políticas públicas en temas como acceso real en los servicios públicos de salud sexual y reproductiva, pues niegan incluso el uso de métodos anticonceptivos como la pastilla de anticoncepción de emergencia y la colocación del dispositivo intrauterino, como es el caso de Colima, Guanajuato y Sonora, en tanto que en Jalisco y Guanajuato el aborto se prohíbe incluso en casos de violación”, precisó.
La diputada Maricela Contreras subrayó que Guanajuato, Puebla, Querétaro y Quintana Roo se ha procesado y encarcelado a mujeres por haber abortado y, como consecuencia de esas reformas se han presentado ante la SCJN 662 amparos: 67 de Colima, 167 de Guanajuato, 115 de Puebla, 76 de Quintana Roo y 72 de Sonora, 76 en Yucatán, 60 en Campeche y 29 en San Luís Potosí.
La perredista dio a conocer que, según datos de la Secretaría de Salud capitalina, desde abril de 2007, hasta el 23 de septiembre de 2011, el servicio que se brinda en 18 hospitales públicos del Distrito Federal, se han practicado 66 mil 899 interrupciones legales de embarazos, de 105 mil 409 que se acercaron a solicitar información, “es decir, 38 mil 510 mujeres decidieron no practicarse este método, después de la información que se les brindó, lo que muestra que el Distrito Federal no es un paraíso de abortos con reformas que permiten la interrupción del embarzo y si es un lugar ddonde muchas mujeres encuentran servciios que garantizan su derecho a la salud a elegir una maternidad libre e informada”, indicó.
Por otra parte, señaló que de esos procedimientos, tres mil 803 fueron menores de edad, 15 mil 158 provenientes del Estado de México y dos mil 159 de otras entidades federativas. En cuanto las características de las mujeres, que han decidido por la interrupción del embarazo se encontró que el grupo de edad entre los 18 y 29 años representa el mayor porcentaje con 69.7%; el 58.5% cuentan con preparatoria o educación superior; el 53.1% es soltera, el 26.3% vive en unión libre y el 17.4% es casada; el 50% acude cuando tiene entre siete, ocho y nueve semanas de gestación, en contraste con el 2.8% que lo solicita hasta las 12 semanas y sólo el 17.6% no aceptó un método anticonceptivo post-procedimiento.
Finalmente, Maricela Contreras llamó a la SCJN a considerar la experiencia del Distrito Federal sobre la interrupción legal del embarazo y la constitucionalidad que declaró de dichas reformas, en la resolución que adopte en la discusión que está dando el máximo tribunal, ya que “está de por medio hacer valer los derechos que establece nuestra Constitución y los Tratados Internacionales por encima de posiciones personales, morales y religiosas.”
