LEY ANTIMARCHAS PROHIBIRÍA HASTA LAS PEREGRINACIONES
10 de Diciembre de 2014
Al señalar que con la ley antimarchas se prohibirían hasta las peregrinaciones, el diputado Alejandro Ojeda llamó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a pronunciarse sobre esta reforma promovida por el PRI y el PAN que en los hechos busca coartar los derechos a la manifestación y la protesta.
Al promover un punto de acuerdo para exhortar al ombudsman nacional a que haga un pronunciamiento al respecto, el asambleísta del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseguró que luego de las movilizaciones masivas por el caso de Ayotzinapa, resulta grosera y funesta la reforma aprobada en la Cámara de Diputados, abriéndose un nuevo frente de inconformidad social.
Es preocupante, argumentó, que hasta ahora no haya una posición clara y contundente de la CNDH, ante las reformas de los artículos 11 y 73 constitucional, que permite al Gobierno Federal limitar, acotar, prohibir, controlar el derecho a las marchas, la libre manifestación, estableciendo a su libre arbitrio los lugares o espacios en donde las personas podrían realizar este tipo de movilizaciones.
Llamó a la sociedad civil a mantenerse atenta e impedir que el ultraje sea aprobado en el Senado de la República, donde se encuentran a revisión dichas reformas. Convocó a los senadores de todos los partidos políticos a echar atrás la minuta y comprometerse con los derechos ciudadanos.
El diputado Ojeda acusó que dichas reformas representan un retroceso porque menoscaba el derecho ciudadano a organizarse, movilizarse y manifestarse cuando no está de acuerdo con determinadas políticas públicas o acciones gubernamentales que van en contra de los intereses ciudadanos, o simplemente cuando no son atendidas sus demandas.
Al hacer énfasis de que su posición es la de defender las manifestaciones pacíficas y no los actos de provocación realizados por infiltrados, el legislador del sol azteca reiteró que las reformas que hoy están en estudio en el Senado, son de plano una tentación de reprimir las movilizaciones pacíficas que se están dando en todo el país.
Sin duda, aclaró, debe buscarse un equilibrio entre la libertar de movilidad y la libertad de manifestarse, pero no es con la inhibición de la primera como se van a resolver los problemas sociales como la pobreza, la inseguridad, la inequidad en el acceso a la justicia o la acumulación de la riqueza en unas cuantas manos.
Contra quienes acusan que se ha caído en los excesos de las movilizaciones, recordó que el reconocimiento pleno de los afroamericanos en Estados Unidos o la desaparición de Apartheid en Sudáfrica fueron gracias a las movilizaciones pacíficas que impulsaron sus dirigentes.
Agregó que un derecho constitucional como el de manifestación no está sujeto a caprichos o temores, el ciudadano lo ejerce y la autoridad legítima lo garantiza. Expuso que sólo un régimen autoritario y un gobierno que pierde control o que pretende un control total se conduce a la limitación de la expresión social de petición, reclamo, solicitud, de expresión cultural y religiosa, lo que parece ser el tono del régimen restaurado y del priismo recompuesto.
Sostuvo que la autoridad debe aplicar la ley, tanto atendiendo los reclamos sociales que son el origen de la manifestación social, como en aislar las actuaciones violentas que sin caldo de cultivo se disminuyen.
Insistió en que se tiene la preocupación fundada de que el siguiente paso sea la autorización y uso de la fuerza en contra de los manifestantes, como una ley bala que con resultados desastrosos se rechaza y aún se tiene bajo severa crítica en algunos estados.
