LEY DE EJECUCIONES: UN TRABAJO INTEGRAL
16 de Junio de 2011
El diputado Alejandro Carbajal González lamentó las declaraciones del Ombudsman capitalino en las que solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, vetar la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social, a tres días de que dicha ley entre en vigor en cumplimiento cabal a la Reforma Constitucional de 2008.
Ese tipo de declaraciones descalifican el trabajo de meses del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el D.F., integrado por el Tribunal Superior de Justicia a través de 2 Magistrados y un Consejero de la Judicatura.; la Procuraduría General de Justicia, las Secretarías de Gobierno y la de Seguridad Pública, la Conserjería Jurídica y de Asuntos Legales, representantes del sector Académico y la Sociedad Civil, del cual forman parte los representantes de la propia Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que por cierto participó y acompañó todo el proceso de creación de la nueva ley, sin que hicieran observación alguna, fustigó el diputado.
El legislador destacó que el día de su aprobación en el pleno de la ALDF, de manera inoportuna se presentaron los representantes de la CDHDF; solicitando la inclusión de “cambios de fondo en el dictamen”, sin que pudieran someterse a un análisis y discusión consensuados por todos los grupos parlamentarios. Pero además, una vez aprobada dicha iniciativa transcurrió más de un mes sin que existiera comunicación alguna de su parte; y faltando tres días para su inicio de vigencia; solicita su veto de manera desacertada.
El Vicecoordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática en la ALDF dijo que con la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del D.F. y la creación de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social, tenemos la oportunidad de reorientar el sistema penitenciario hacia un modelo más eficaz de administración y procuración de justicia, que dará una mayor coordinación entre autoridades judiciales y ejecutivas que permita realmente reincorporar a quien ha cometido un delito, a la vida en sociedad, salvaguardando íntegramente sus derechos humanos.
Carbajal González, mostró preocupación ante lo que identificó como una “conducta errática del Presidente de la CDHDF”, y urgió al Gobierno del Distrito Federal no sólo a publicar la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social antes del 19 de junio próximo; sino a dotar a la brevedad al Tribunal Superior de Justicia del D.F. de los recursos necesarios para que los 25 impartidores de justicia que se tienen contemplados para los Juzgados de Ejecución con sus salas orales, funcionen de manera correcta, ya que se requieren por lo menos de 5 juzgados en cada reclusorio que estén adosados a los túneles de prácticas, con salas de oralidad, lo que implica la habilitación urgente de espacios anexos a los centros penitenciarios.
En ese sentido el Diputado Alejandro Carbajal recordó que se requieren 300 millones de pesos para que esta legislación entre en operación y se pueda atender la demanda de al menos 20 mil internos que solicitarían el beneficio de la prisión domiciliaria con el uso de brazalete, lo cual hace prever que los dos primeros juzgados que se tienen previstos para empezar a funcionar en el Reclusorio Sur serán insuficientes, lo que generaría retrasos por acumulación de trabajo; aunque sabe que el TSJDF tiene capacitados a 11 jueces de ejecución.
