LEY GENERAL DE AGUAS, INCONSTITUCIONAL, ANTIDEMOCRÁTICA Y DAÑINA PARA LA VIDA DE MILLONES DE PERSONAS Y ECOSISTEMAS
09 de Marzo de 2015
El diputado Gabriel Godínez Jiménez, presidente de la Comisión de Gestión Integral del Agua de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), afirmó que la Ley General de Aguas, (LGA) condena a millones de personas a sobrevivir con una dotación inferior a la estipulada por las normas internacionales de 50 a 100 litros diarios por persona.
Advirtió que la LGA contempla que se otorgará un mínimo vital de agua sin mencionar una cantidad real lo que genera severas dudas a que se cumpla con las normas internacionales con las que el gobierno mexicano ha signado.
Destacó que la cantidad universal establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es de una cantidad mínima de 50 a 100 litros diarios por persona además de que el organismo reconoce el derecho humano al agua.
Manifestó que en el caso de nuestro país en el artículo 4° constitucional se contempla el derecho humano al agua, así como su acceso garantizado, disposición y saneamiento del recurso hídrico para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
En ese sentido, dijo, la propia LGA atenta contra un derecho ya consagrado en la propia constitución y en normas internacionales, de tal manera que la emisión de esa ley sería inconstitucional y en ese sentido la ALDF debe manifestar su rechazo y promover una controversia constitucional en contra de la Federación para que no se trasgredan los derechos humanos.
Señaló que debe razonarse a fondo el tema de la privatización del agua porque pese a que sea aprobada por la aplanadora PRI, PAN PVEM y PANAL en la Cámara de Diputados, existe todavía la posibilidad de promover una acción de inconstitucionalidad para defender el derecho humano al agua.
Para el caso del Distrito Federal, explicó que con el 33 por ciento de los diputados de la ALDF se promovería una controversia constitucional en contra de la Federación para impugnar las violaciones a las facultades de la ALDF en materia hídrica y de sustentabilidad.
Manifestó que la ALDF tiene atribuciones que se consagran en el artículo 122 constitucional, Base Primera, en donde se establecen las facultades exclusivas o conferidas a la ALDF para legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo; preservación del medio ambiente y protección ecológica; vivienda; adquisiciones y obra pública; y sobre explotación, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito Federal de donde se desprenden sus facultades para para legislar en materia hídrica y el respeto por el derecho humano al agua.
La Ley, así como se prevé su dictaminación en el Congreso de la Unión, dijo, afectará en gran medida la economía de millones de familias capitalinas al incrementarse los montos en los recibos de cobros bimestrales del agua hasta en un 300 por ciento, además de agravar en todos los sentidos la problemática hídrica en la ciudad de México.
En ese sentido dijo que el Estado se está alejando de su responsabilidad de garantizar el acceso, disposición y saneamiento del recurso hídrico para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, aspecto que no se reconoce en el Dictamen de Ley que fue aprobado en comisiones la semana pasada.
Insistió en que no debe aprobarse el dictamen de la LGA por afectar severamente el interés general al país y, de manera particular al Distrito Federal que de por sí ya tiene problemas de abastecimiento por la sobreexplotación de acuíferos.
Tenemos, indicó, 61 colonias a las que se les condona el pago del servicio de agua por no recibirlo de manera suficiente y 260 colonias de alrededor de 11 delegaciones que reciben el servicio a través de tandeo, con una nueva Ley General como la que hoy se presenta por parte del PRI empeorarían los déficits.
Exhortó a PRI, PAN, PVEM y al PANAL, para que se sumen a la petición de moción suspensiva que presentará el PRD en tribuna a través de la diputada federal, Aleida Alavez, para que este dictamen se regrese a las comisiones correspondientes por el carácter lesivo que ponen en riesgo la seguridad nacional.
El agua no puede recibir trato mercantilista, porque es un derecho humano, es un bien preciado, el agua es de suma importancia, de alto interés para las y los mexicanos, razón por la cual requiere de un debate más amplio, incluso de una consulta popular nacional y no sólo el Distrito Federal como se ha venido haciendo, indicó
La ley que se aprueba es inconstitucional, porque va en contra de la propia constitución y atenta contra los tratados internacionales que ha signado el Estado Mexicano en torno al respeto del derecho humano al agua.
