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LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS QUE VIVEN Y SOBREVIVEN EN SITUACIÓN DE CALLE



23 de Abril de 2015

Boletín # 114

• La iniciativa busca garantizar y proteger los derechos de este sector, así como prevenir y erradicar la discriminación tutelar

• La iniciativa suscrita por los diputados Ernestina Godoy y Manuel Granados fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su análisis y aprobación


Los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Manuel Granados Covarrubias y Ernestina Godoy Ramos presentaron ante el Pleno de la Asamblea Legislativa (ALDF) la iniciativa con proyecto de decreto por la que se crea la Ley de Protección Integral de las Personas que Viven y Sobreviven en Calle o Poblaciones Callejeras para el Distrito Federal.

Lo anterior, con el objetivo de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las poblaciones callejeras; prevenir y erradicar la discriminación tutelar y visibilizar a las personas que viven y sobreviven en la calle como sujetos de derechos, activos en la construcción y desarrollo de la Ciudad de México.

Los legisladores perredistas enfatizaron que esta iniciativa surge de la necesidad de atender las problemáticas a las que se enfrenta este sector de la población como la falta de protección y realización de sus derechos humanos, la discriminación tutelar de la que son objeto, la exclusión y la reproducción de estereotipos por parte de la sociedad, la criminalización de la que son objeto, la carencia de documentos de identificación, la cual se convierte en un obstáculo para el ejercicio de otros derechos de carácter civil y político, económico, social y cultural.

Resaltaron que el proyecto no se limita únicamente a un enfoque material de restitución de derechos tales como la justicia y una vida libre de violencia, sino pone especial énfasis en eliminar los obstáculos que dificultan el acceso a documentos de identidad, así como el empoderamiento jurídico a fin de eliminar las detenciones arbitrarias a las que son sometidos y la falta de acceso a servicios de salud y educación.

Este dictamen genera un mecanismo de prevención para evitar que más personas caigan en esta situación y establece mecanismos de coordinación entre las instituciones de la administración pública del gobierno capitalino, las instituciones de asistencia privada y la sociedad civil organizada, a fin de revertir las condiciones de exclusión, lograr la inclusión social y atención de este sector de la población.

Con el propósito de supervisar el cumplimiento de este ordenamiento, se propone la creación de la Comisión Interdependencial para la Atención a las Personas que Viven y Sobreviven en la Calle o Poblaciones Callejeras, que estará constituida por el ejecutivo local y tendrá como funciones primordiales asesorar, apoyar y capacitar en la materia a los entes públicos interesados; establecer acuerdos y convenios de coordinación con las dependencias, organismos autónomos y entidades de la Administración Pública del ámbito local.

Asimismo, dicha Comisión será la encargada de difundir los derechos y opciones de programas destinadas a su atención; realizar diagnósticos periódicos de las condiciones de vida de las poblaciones callejeras y promover la generación de fondos públicos, con esquemas transparentes y equitativos.

La iniciativa incorpora al Instituto de Planeación Estadística y Geográfica del DF para establecer y coordinar con los entes responsables un sistema de monitoreo e información; registros demográficos, estadísticas confiables, así como la generación de indicadores acordes a los estándares internacionales, que permitan conocer la situación de este grupo de población, así como los obstáculos para el ejercicio de sus derechos.

Señala como sanciones a las prácticas discriminatorias en perjuicio de la persona que sobrevive en la calle o las poblaciones callejeras las establecidas en el Código Penal del Distrito Federal. En caso de ser un servidor público quien incurra en dicha falta, la Fiscalía especializada de los Servidores Públicos, realizará la investigación correspondiente, la determinación de la responsabilidad penal y en caso de que dicha conducta no se constituya delito, pero sea violatoria de Derechos Humanos, la Fiscalía Especializada realizará la canalización del caso a la instancia competente para su debido seguimiento.

Con esta acciones la VI legislatura atiende los tratados internacionales sobre derechos humanos que obligan jurídicamente a todas las autoridades mexicanas a la implementación de acciones y medidas en el ámbito legislativo, ejecutivo y judicial, con el objetivo de armonizar y garantizar que sus prácticas cumplan con las obligaciones internacionales que tiene el Estado y una vez más, el Distrito Federal se pone a la vanguardia en materia de salvaguarda de derechos.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su dictaminación.