LIMITADA PENSIÓN FEDERAL PARA ADULTOS MAYORES PORQUE NO ES UNIVERSAL
10 de Septiembre de 2013
Como es de su conocimiento el día domingo se presentaron diversas iniciativas legales dentro de un paquete denominado Reforma Hacendaria. El Ejecutivo envió al congreso propuesta de reforma a la Constitución y expedición de ley Reglamentaria a efecto de establecer la “Pensión Universal para los Adultos Mayores”.
Sobre el particular queremos manifestar lo siguiente:
Sin duda se pretende, por decirlo elegantemente, replicar la experiencia exitosa impulsada en el Distrito Federal en 2001 por el entonces Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador.
Ahora los críticos más acérrimos de una política pública, que ubicó a los adultos mayores como sujetos de derechos y los sacó del olvido, copian la plana desarrollada en el DF, pero lo hacen mal, lo hacen incompleto y ello provoca que para el caso del DF, signifique un retroceso con respecto a lo logrado, más que un avance en el reconocimiento de nuevos derechos.
1.La propuesta federal, no es Universal, miente y miente quien sostenga lo contrario. Se excluye a las personas que reciben algún tipo de ingreso por jubilación y se establece un límite de ingreso para ser beneficiario.
De acuerdo a la información disponible serán excluido alrededor de 1.3 millones de personas que reciben alguna pensión de naturaleza contributiva.
De acuerdo a la información contenida en la iniciativa, 60% de los hogares (con pensión o jubilación) percibe ingresos que oscilan entre mil 400 y 2 mil 900 pesos. Esto no refiere ingresos por persona, sino todo aquello que ingresa al hogar. Lo cual resulta insuficiente para atender sus necesidades básicas y por supuesto no los ubica de ningún modo en un segmento privilegiado de ingresos.
En 2010 6.9 millones de mexicanos tenía 65 años y más, la gran mayoría de estas personas carecen de seguridad social y menos de la mitad son derechohabientes de algún sistema formal de seguridad social. Más de 80% de la población de esta edad no percibe ingresos o recibe menos de un salario mínimo mensual.
2.Dado que la propuesta federal, supone la desaparición de los programas de apoyo a los adultos mayores impulsados por los gobiernos de las entidades federativas, en el Distrito Federal se expulsarán de los apoyos que hasta ahora reciben a 386 mil peronsas que cuentan con alguna pensión y que por Ley expedida en el DF tiene derecho universal a recibir un apoyo de medio salario mínimo.
3.Se establece como monto del apoyo mil 92 pesos mensuales y se sostiene que dicha cantidad es la establecida por Coneval. Esto es falso el Coneval estableció como línea de bienestar mínimo 1,167 pesos para áreas urbanas y 825 para el campo.
4.Es necesario establecer referentes sólidos que fortalezcan las políticas públicas dirigidas a este sector de la población en la ciudad y en el país e impulsar la construcción de una Ley que otorgue certidumbre jurídica a la pensión para los adultos mayores, establezca la pensión no contributiva como instrumento de justicia social por parte del Estado; reconozca esto como un derecho universal; genere una operación concurrente entre los diversos órdenes de gobierno; señale un piso mínimo de apoyo y esquemas de coordinación y complementariedad; cree mecanismos de control y vigilancia, optimice los recursos públicos que se destinan a estas personas y evite duplicidades entre acciones implementadas por los diversos órdenes de gobierno.
Las políticas de atención a los adultos mayores deben ubicarse como un tema de Estado debe incluirse una perspectiva federalista en su ampliación y ejecución.
•Que establezca como derecho universal para los mayores de 65 años. Este aspecto es central, toda vez que con ello se transforma en derecho lo que ahora es una política de asistencia y se evita exclusiones de un segmento de población que percibe ingresos muy menores por concepto de pensión o jubilación.
•Que sea operado de forma concurrente con las entidades federativas. No puede asumirse una política centralista, debe generarse desde la ley mecanismos de concurrencia que fortalezcan la política de atención a este sector de la población y que evite exclusiones.
•Que contenga mecanismos de complementariedad que posibilite a las entidades federativas, con sus recursos propios, ampliar el alcance o los montos del beneficio o la prestación de servicios (prestar servicios de salud, educación, esparcimiento, asistencia, etc.).
Frente a ello, exhortamos al Congreso de la Unión a realizar un análisis a fondo de la iniciativa para evitar la exclusión de miles de personas y la desaparición de programas exitosos como el del DF. Que se reconozca esto como un derecho universal y no sólo quede en el título. Desde el Distrito Federal no permitiremos un retroceso en los derechos de los adultos mayores.
