Llama Beatriz Olivares a establecer una mesa de diálogo entre la CNTE y el Ejecutivo Federal
22 de Junio de 2016
• La Diputada, Presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte de la ALDF, Beatriz Olivares precisó que el Estado debe reconocer la responsabilidad en la muerte las personas en Nochixtlán y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en la Constitución
Ante los lamentables hechos suscitados en Nochixtlán, Oaxaca en donde perdieron la vida ocho personas por la acción represiva del Gobierno Federal contra el movimiento magisterial, la diputada, Presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte de la ALDF, Beatriz Olivares exhortó a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados Federal para que en el marco de sus atribuciones llame a establecer de inmediato una mesa de diálogo permanente con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Ejecutivo Federal, con la finalidad de resolver el conflicto magisterial vivido en el país derivado de la reforma educativa
En un Punto de Acuerdo, que subió al Pleno de la Diputación Permanente de la ALDF, y que fue aprobado, precisó que a estas mesas se deberá integrar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como garante del respeto a los derechos fundamentales de las y los integrantes de la Coordinadora.
Al mismo tiempo exhortó al Ejecutivo Federal y a la Procuraduría General de la República para que cese el hostigamiento judicial en contra de dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y no ejecute las órdenes de aprehensión vigentes.
También a la Secretaría de Gobernación para que instruya a la Comisión Nacional de Seguridad el retiro de la Policía Federal de todas las zonas en el país donde exista conflicto con las y los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y con ello salvaguardar la integridad de maestras, maestros y de la población civil en general. También informe el protocolo que implementó en el operativo policiaco del domingo 19 de junio en la comunidad de Nochixtlan, Oaxaca.
A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que de manera oficiosa y expedita intervenga, investigue y emita una recomendación respecto, tanto de los hechos suscitados en la comunidad de Nochixtlán Oaxaca, como todos aquellos en el territorio nacional, donde haya conflicto derivado de la reforma educativa, así como para que sea garante del apoyo que se deberá brindar por parte de las autoridades competentes a los familiares de las víctimas de los hechos denunciados.
Y finalmente también exhortó a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca de Juárez y a las Autoridades Judiciales competentes para que sancionen conforme a derecho a las personas responsables de los decesos y lesiones perpetradas a manifestantes y población civil el pasado fin de semana en la población de Nochixtlán, Oaxaca.
La legisladora precisó que el conflicto desatado por la reforma educativa impulsada por el Gobierno de la República ha provocado durante los últimos días una situación de la mayor trascendencia nacional e internacional, situación a la que esta Asamblea Legislativa no puede ser ajena y requiere hacer un atento exhorto a los actores involucrados en pro de evitar actos de violencia y la garantía de los derechos humanos.
Resaltó que parte del conflicto se da por la reforma del Presidente Enrique Peña Nieto, denominada reforma educativa, que forma parte de un conjunto de iniciativas ―mal llamadas reformas estructurales― las cuales han derivado en cambios constitucionales en materia energética, fiscal, laboral, política, entre otras. “Junto con la reforma energética y laboral, ha sido una de las más cuestionadas, particularmente por el magisterio”.
Sostuvo que esta reforma presentada en diciembre de 2012, aprobada el 25 de febrero de 2013 y promulgada el 12 de septiembre del mismo año, tiene entre sus principales funciones, la creación de un servicio profesional docente con el establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa y la constitución del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que en suma, proponen evaluar a los profesores con un examen estandarizado para favorecer el mérito en el ingreso y permanencia en el servicio profesional docente. A pesar de los objetivos señalados, “el Magisterio ha dicho que más que ser una reforma Educativa es una reforma laboral contra los derechos ya ganados por la contratación colectiva del Sindicado, con las autoridades educativas”.
Estos factores son algunos de los principales motivos de la protesta de la CNTE, pues los inconformes exponen que no debe haber un examen generalizado, ya que existen diversas condiciones de trabajo que hacen desigual la educación básica. A esto, se suman sanciones como la pérdida de la plaza o una reasignación, en el caso de que los profesores no aprueben la evaluación en tres oportunidades.
Afirmó que la ALDF se manifiesta por Garantizar los Derechos Humanos, la libertad de expresión y manifestación, ya que la situación derivada en Oaxaca requiere una revisión sobre la utilización de armas de fuego en el caso de Noxchitlán, apegados al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce el derecho a la seguridad pública, al establecer que ésta es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la propia Constitución señala.
Beatriz Olivares dijo que el Estado Mexicano tiene que revisar los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, atender a las víctimas y que se genere un Programa de atención a través de programas de apoyo psicológico, social, tanatológico, económico, educativo.
Finalmente dijo que el Estado debe reconocer la responsabilidad en la muerte las personas en Nochixtlán y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos.
