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Los derechos y demandas de los pueblos originarios quedarán plasmados en la Constitución de la Ciudad de México



12 de Mayo de 2016

Boletín # 440

· El diputado Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, intercederá a su favor ante el Jefe de Gobierno


En respuesta a los reclamos de que los indígenas que habitan en la Ciudad de México están excluidos de la toma de decisiones y que sus derechos son violentados, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), diputado Leonel Luna Estrada se comprometió a reunirse la próxima semana con el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para plantearle el interés que tienen los representantes de los pueblos originarios por participar en la propuesta de Constitución Política.

Planteó además la realización de reuniones con las secretarias de Educación, Alejandra Barrales, y del Trabajo y Fomento al Empleo, Amalia García, y el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski, para que atiendan las demandas de escuela bilingüe con dialectos y libre de discriminación, trabajo formal digno y remunerado, y la canalización de apoyos para el desarrollo de proyectos productivos.

En el Foro de los Derechos de los Pueblos Originarios dentro de la Constitución Política de la Ciudad de México, propuso una reunión con los diputados de la Asamblea Legislativa para trabajar en el diseño de una nueva iniciativa de Ley de los Pueblos Originarios de la Ciudad de México, que tendrá una perspectiva acorde con la Constitución de Ciudad de México; así como en la correspondiente para que se cree el Instituto de Lenguas Indígenas y que se presenten el próximo periodo ordinario de sesiones.

A los representantes y miembros de los grupos triques, mazahuas, nahuas, otomíes, purépechas que habitan en la Ciudad de México, el diputado coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), les anunció que va a presentar un punto de acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno a que declare Patrimonio Cultural los pueblos y barrios originarios.

En el auditorio del Palacio de la Autonomía Universitaria, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el diputado Leonel Luna Estrada ya había adelantado que en las leyes secundarias de la Constitución Política, que le corresponde armonizar a la ALDF, serán consideradas todas las propuestas que deriven de los foros, reuniones y mesas de trabajo con los miembros de las comunidades indígenas.

Al abrirse la participación de los asistentes, tras una amplia exposición de José Francisco Lara Torres, director de Diseño y Apoyo a Innovaciones Educativas de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, el primer planteamiento fue que no hay política pública para preservar las lenguas indígenas y que existen obstáculos a fin de abrir una estación de radio multilingüista.

Que a pesar de que el año pasado se realizaron múltiples reuniones de consulta para elaborar el proyecto de Ley de los Pueblos Originarios, hasta ahora está congelada.

No hay política de respeto a los pueblos originarios y barrios ya que con un decreto presidencial se decidió cambiar el nombre del Distrito Federal por el de Ciudad de México y no se les consultó. Lo mismo pasa ahora con la propuesta de Constitución Política que presentará el Jefe de Gobierno y con la conformación de la asamblea que finalmente la redactará.

Cuestionaron que los grupos indígenas y sus pueblos no estén integrados en el estatuto del Distrito Federal y que no se respeten sus derechos humanos y sociales consagrados en la Constitución General de la República, porque son el sector de la sociedad más vulnerable al carecer de vivienda, acceso a la salud, trabajo, educación bilingüe y que sean discriminados.

Demandaron que la Asamblea Legislativa trabaje en su favor para que lo que quede plasmado en la Constitución Política de la Ciudad de México se cumpla. Que haya garantía de que sus derechos humanos y sociales serán respetados, ya que de nada servirá que estén en el papel si no se cumplen y, por el contrario, se violentan.