Máxima publicidad y participación ciudadana blindarán Sistema Anticorrupción de la CDMX
13 de Julio de 2017
- Se aprobó en Comisiones Unidas de Transparencia a la Gestión, Administración y Procuración de Justicia, Administración Pública Local y Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias el paquete de 11 leyes que crearán el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México
- El lunes, el Pleno someterá a discusión este paquete legislativo que involucrará a distintas instancias
Los nombramientos de los ciudadanos y servidores públicos que formarán parte del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México deberán obedecer al principio de máxima publicidad y abrirse al escrutinio ciudadano, destacó la diputada del PRI en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Dunia Ludlow Deloya.
“Su aprobación debe garantizar su pleno funcionamiento y evitar que, como en otros casos, sea una sola simulación o un entramado jurídico que sea inaplicable y disfuncional. El reclamo de las organizaciones sociales y de las fracciones parlamentarias es que no sea una nueva y reiterada versión de entrega de cuotas y de cuates, y que se trate más bien de un trabajo legislativo que efectivamente pudiéramos realizar un buen Sistema Local Anticorrupción”, subrayó.
Al sesionar las Comisiones Unidas de Transparencia a la Gestión, Administración y Procuración de Justicia, Administración Pública Local y Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias para la dictaminación del paquete de 11 leyes que crearán el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, fue aprobada una reforma al artículo 10 de la Ley Orgánica de la ALDF que obliga que todo proceso de ratificación, designación y selección de las personas servidoras públicas que integran el sistema anticorrupción de la Ciudad de México, deberá ser mediante convocatoria que se difunda en el portal de internet de la Asamblea.
“Se deberá publicar toda la información relacionada con el proceso, tales como dictámenes, calendario de reuniones, fecha y orden del día, versiones estenografías (sic) y/o videograbaciones de las reuniones, documentos técnicos de apoyo, evaluación de los expedientes y méritos de los candidatos, así como una explicación sobre el desarrollo de cada una de las etapas. En todos los casos se salvaguardan los datos personales de acuerdo con las leyes en la materia”, establece el dictamen aprobado en comisiones unidas.
Además, con el propósito de fomentar el derecho a la participación ciudadana la o las comisiones dictaminadoras organizarán comparecencias públicas, para que las y los habitantes de la Ciudad de México, puedan valorar y conocer los conocimientos técnicos, plan de trabajo, experiencia académica, compromiso, integridad e independencia política de cada candidata o candidato.
Ludlow Deloya, en calidad de integrante de la Comisión de Transparencia a la Gestión, subrayó que la política es un proceso de construcción de acuerdos y no de lucha de poderes.
“No se trata de imponerse, como también ha sucedido en otras ocasiones en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pero tampoco se trata de ir por un camino constante y permanente de confrontación, de puro show, de decir que no a todo y de no sentarse a la mesa a construir, a dialogar y a avanzar en la construcción de mejores ordenamientos”, dijo.
La legisladora detalló otros de los logros alcanzados:
- Que los subcontralores sean a propuesta del Secretario de la Contraloría General y con votación de 2/3 partes del Pleno dela ALDF;
- La introducción de la figura de contralores ciudadanos;
- La obligación de la Asamblea a modificar el Servicio Profesional de Carrera, para incluir la profesionalización del Sistema Local Anticorrupción;
- Vincular los avances del Sistema a los servicios públicos;
- Datos Abiertos y accesibles para informes;
- Considerar las necesidades de las personas con capacidades diferentes;
- Hacer verificaciones aleatorias sobre la veracidad del 3 de 3.
- Dar a conocer las sanciones impuestas a servidores públicos y a las personas.
Por último, la priísta mencionó que existen exigencias de la sociedad civil que quedaron pendientes y deberán ser atendidas para garantizar la homologación completa e integral del sistema y evitar acciones de inconstitucionalidad.
