MEDIDAS PARA COMBATIR EL SECUESTRO EXPRESS
06 de Diciembre de 2011
Para evitar los vacíos legales ante la nueva modalidad de extorsión y secuestro express que ha surgido en la Ciudad de México, la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza (PAN) propuso reformas al Código Penal del Distrito Federal, con las que se pretende eliminar la percepción de rentabilidad que tienen los delincuentes sobre esta conducta antisocial.
La también Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional detalló que pese a que la sanción por la comisión de este ilícito va de dos a ocho años de prisión y de 100 a 800 días de multa, las estadísticas continúan al alza, por lo que es necesario dotar de mejores herramientas jurídicas a los órganos encargados de impartir y administrar justicia, a propósito de las nuevas herramientas de las que echan mano los delincuentes para lograr su objetivo.
Por lo anterior, Gómez del Campo presentó una iniciativa para que exista el tipo penal adecuado, para procesar y sentenciar a quienes cometan este delito, que por una parte ataca la integridad y dignidad humana y, por el otro, al patrimonio de las personas creando una industria informal y criminal paralela a la sociedad productiva de la ciudad.
“El secuestro express y la extorsión telefónica en su conjunto se han convertido en un fenómeno que se ha incrementado, al que podríamos denominar ‘secuestro virtual’, debido a que los delincuentes lo consideran poco riesgoso y los familiares de las víctimas acceden a las peticiones de los delincuentes. Esto dificulta que el delito sea erradicado, puesto que la delincuencia organizada lo ha visto como una forma fácil de apoderarse de grandes sumas de dinero”, comentó.
Al explicar la nueva modalidad de este delito, la legisladora de Acción Nacional relató que los criminales “sacan a una persona de su casa o trabajo a través de una llamada telefónica, y por medio de amenazas lo convencen de permanecer aislado, en algunas ocasiones en un hotel por varias horas, mientras tienen el tiempo suficiente para extorsionar a la familia de la víctima”.
Recordó que de acuerdo a estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del DF, durante el primer semestre de 2011 se iniciaron 564 averiguaciones previas en la modalidad de tentativa relacionadas con el delito de extorsión. Mientras, agregó, la Dirección de Estadística Criminal de la misma dependencia registró 3 mil 339 averiguaciones previas iniciadas del fuero común por el delito de extorsión, durante el periodo de 2008 a julio de 2011. Por este ilícito, en su modalidad de extorsión telefónica, fueron 728.
La legisladora contrastó dichas cifras con las del programa del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia “No más extorsiones telefónicas”, que de diciembre de 2007 a junio de 2011 ha recibido más de 450 mil llamadas relacionadas con extorsiones.
“Nuestra iniciativa pretende reformar las fracciones I, II y IV y adicionar una fracción VIII al artículo 164 del Código Penal para el Distrito Federal, para que dentro de los criterios de privación de la libertad se consideren los lugares cerrados, quien actúe de forma individual, que se realice con violencia física o moral y, finalmente, cuando para la intimidación se utilicen como medios de comisión del delito la vía telefónica o cualquier medio de comunicación electrónica”, puntualizó.
