MEDIDAS PARA EVITAR NUEVAS LADIES DE POLANCO
05 de Diciembre de 2011
Con la finalidad de desincentivar en los ciudadanos la comisión de conductas de falta de respeto a la autoridad pública que obstaculicen el correcto ejercicio de sus funciones, la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza (PAN) propuso reformar los artículos 282 y 287 del Código Penal del Distrito Federal para incluir a las penales ya establecidas sanciones económicas y de esta forma evitar actos como el ocurrido con las denominadas Ladies de Polanco.
“El pasado mes de agosto, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local fueron agredidos verbal y físicamente por dos mujeres en evidente estado de ebriedad en Polanco. Además de dirigirse de manera discriminatoria contra ellos, se retiraron sin ser sancionadas legalmente por su conducta, pese a haber sido observadas y grabadas por una cámara de video, hecho que deja a la luz una serie de ineficiencias dentro del sistema de seguridad pública de la ciudad”, dijo.
La también coordinadora de los diputados del PAN señaló que, actualmente, a quien emplee la violencia física o moral para oponerse a que la autoridad pública o sus agentes ejerzan alguna de sus funciones en forma legal o se resista al cumplimiento de un mandato que satisfaga todos los requisitos legales, se le considera como delito de desobediencia y resistencia de particulares, el cual sólo se le castiga con una pena de seis meses a tres años de prisión, por lo que planteó añadir una multa de 100 a 500 días de salario mínimo.
En el caso de las Ladies de Polanco, Gómez del Campo indicó que ambas mujeres también cometieron el delito de ultrajes a la autoridad, toda vez que de una forma discriminatoria insultaron a dos policías capitalinos cuando salían de un bar en estado inconveniente. Hoy el Código Penal sólo castiga el delito con 90 a 180 días de semilibertad, por lo que consideró que esta sanción debe aumentar en una tercera parte, es decir que sea de 120 a 240 días de semilibertad.
“En el caso de ultrajes la autoridad consideramos fundamental mantener el carácter de semilibertad, ya que éste implica alternación de periodos de libertad y privación de la misma de acuerdo a las circunstancias del caso. Ello con el objeto de evitar la saturación que existe en los centros penitenciarios, pues sólo generaría una mayor concentración en los reclusorios, lo que no ayuda a lograr el principio de reinserción social que tanto necesitamos”, enfatizó.
Finalmente, Mariana Gómez del Campo comentó que si bien las instituciones de seguridad pública deben actuar en el marco de respeto a las garantías individuales, los derechos humanos y la legalidad, los ciudadanos tenemos la obligación de permitir el correcto ejercicio de sus funciones, siempre y cuando éstos cumplan con los requisitos mencionados y se deriven por un mandato legal, por lo que en caso contrario, exhortó a los capitalinos a denunciar cualquier conducta ilegal que violente sus derechos civiles.
