MEJORAN LEYES PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE
20 de Octubre de 2011
Para evitar que diversas autoridades no acepten o se nieguen a cumplir las recomendaciones de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), se reformó su Ley Orgánica y la Ley del Instituto de Verificación Administrativa.
En el dictamen presentado por las comisiones unidas de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, y la de Administración Pública Local, se establece que las propuestas ayudarán a garantizar que las recomendaciones de la PAOT sean acatadas y consideradas como acciones que las autoridades deben aplicar cuando se viole la normatividad. El objetivo es evidenciar a quienes las desatiendan.
Sobre las recomendaciones y sugerencias se establece que autoridades o servidores públicos que los reciban deberán responder por escrito los motivos de aceptación o no de la misma.
Cuando la autoridad no acepte la recomendación deberá responder a la Procuraduría con los razonamientos que motivaron su decisión, en tanto la autoridad deberá publicar la respuesta en su portal de internet.
La autoridad local que incumpla, incurrirá en responsabilidad administrativa y se hará acreedor de las sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
La Asamblea Legislativa, a través de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático y/o de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, según corresponda, podrá solicitar a las autoridades y servidores públicos de la administración del Distrito Federal, la información o su comparecencia para justificar las razones de sus omisiones.
En otro momento de la sesión y para armonizar la Ley Ambiental con el Código Penal, ambos del Distrito Federal, el Pleno de la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la primera. El objetivo es combatir la tala indiscriminada de árboles.
El diputado David Razú Aznar, al presentar el dictamen de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, sostuvo que se buscó garantizar que las autoridades competentes acudan al lugar en donde se realiza la tala para informar, inspeccionar, verificar y llegado el caso sancionar las irregularidades que pudieran existir.
Ello en los casos en los que se otorguen autorizaciones en materia de impacto ambiental para derribar árboles.
El legislador señaló en tribuna que se trata de una iniciativa que emana del Programa de Derechos Humanos de la ciudad y busca reforzar el cuidado que desde el Estado debe otorgarse al medio ambiente, en particular a zonas verdes y arboladas.
Cabe hacer mención que para la poda, derribo o transplante de árboles se requiere de autorización previa de la delegación respectiva.
Solo se permite derribar árboles cuando se requiera salvaguardar la integridad de las personas o sus bienes, cuando exista riesgos real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal o cuando sea necesario el saneamiento de un árbol.
