MÉXICO DEBE FIRMAR YA CONVENIO DE LANZAROTE PARA PROTEGER A SU INFANCIA, URGEN DIPUTADAS DE MORENA
19 de Noviembre de 2015
Al señalar el grave problema que enfrenta nuestro país en abuso y explotación sexual, las diputadas María Eugenia Lozano Reyes y Aleida Alavez Ruiz urgieron al gobierno mexicano a suscribir el convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual y crear protocolos de protección para los menores víctimas de estos flagelos.
En el marco del Día Mundial para la Prevención del Abuso de los Niños, las legisladoras de MORENA dijeron que en nuestro país, y en particular en nuestra ciudad, existe una legislación que sanciona el abuso infantil, aunque se carece de la voluntad y el entramado institucional que busque hacer efectivos los derechos de los niños.
En materia de protección de la infancia, criticaron que el gobierno capitalino decretara la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, el pasado 12 de noviembre, con más de 120 días a lo ordenado por el Congreso de la Unión. Es decir, en materia de protección de la infancia la Ciudad de México también presenta rezagos.
Las diputadas presentaron un punto de acuerdo al Pleno de la ALDF en el que exhortan al gobierno federal a suscribir el convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual, también conocido como Convenio de Lanzarote, o que en su caso explique las causas que les impide hacerlo.
En el documento, al que se adhirieron diputados de otras fracciones y que fue aprobado por el Pleno de la Asamblea Legislativa, advierten que en sus recomendaciones, las comisiones de Derechos Humanos, nacional y del Distrito Federal, coinciden que en México las autoridades desconocen los derechos de los niños, la formas para proceder en casos de abuso o maltrato infantil y, lo que es peor, no se cuenta con los protocolos institucionales para atender estas emergencias.
María Eugenia Lozano Reyes señaló que México ocupa el primer lugar, entre los 33 países miembros de la OCDE, en delitos de abuso sexual, violencia física y homicidios causados a menores de 14 años y que un promedio de 5 millones de niñas y niños son víctimas de abuso sexual, aunque sólo 2 por ciento de estos delitos son conocidos en el momento que ocurren.
Agregó que la UNICEF ha señalado que entre 55 y 62 por ciento de los niños en México han sufrido maltrato en algún momento de su vida; 7 de cada 10 jóvenes viven o han vivido violencia en su noviazgo; 10.1 por ciento de los estudiantes de educación secundaria han padecido algún tipo de agresión física en la escuela, 5.5 por ciento violencia de índole sexual y 16.6 violencia emocional.
A pesar de estas alarmantes cifras y las denuncias de los organismos nacionales e internacionales, dijo, el gobierno mexicano ha hecho muy poco para orientar políticas públicas que avancen en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes mexicanos.
Por su parte, Aleida Alavez explicó que el Convenio de Lanzarote es un instrumento jurídico y político contra el abuso y la explotación de los menores, por lo que urgió al gobierno mexicano a signarlo a la brevedad y acabar con los casi 10 años en que se ha negado a hacerlo.
Detalló que este convenio es el primero que tipifica delitos de abuso sexual que ocurren en el entorno familiar y social del menor y obliga a los Estados firmantes a hacer de la protección de las niñas, niños y adolescentes, un tema de orientación política social integral.
Ambas legisladoras explicaron que este convenio tiene la particularidad de ser el primero en su clase al tipificar delitos de abuso sexual que ocurren en el entorno familiar y social del menor, pero además, y lo que es más importante, obliga a los Estados firmantes a hacer de la protección de las niñas, niños y adolescentes un tema de orientación política social integral, donde el quehacer gubernamental se torna en la salvaguarda y disfrute de los derechos de su población infantil con la finalidad de producir generaciones con un mejor futuro.
El acuerdo, agregaron, incluye medidas como seleccionar, reclutar y formar a las personas que trabajan en contacto con niños; garantizar que los menores sean conscientes de los riesgos de explotación y abuso sexual, así como de los medios para protegerse; garantizar medidas de intervención controladas regularmente, dirigidas tanto a delincuentes sexuales como a potenciales delincuentes y encaminadas a prevenir los delitos sexuales contra menores, entre otras.
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