MODIFICAN LEY DE OBRA PÚBLICA PARA NORMAR CONTRATOS A PRECIO ALZADO
06 de Junio de 2014
Para garantizar que las obras públicas realizadas por las autoridades y la iniciativa privada, apliquen los principios de transparencia, la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, que preside el diputado Oscar Octavio Moguel Ballado, aprobó adiciones y modificaciones a la Ley de Obra Pública del Distrito Federal, para normar los contratos a precio alzado.
Al hacer uso de la palabra, el diputado Eduardo Santillán Pérez aseguró que esta modificación atiende dos aspectos fundamentales: se amplía la regulación de los contratos a precio alzado y se supervisa la obra.
En este sentido, explicó que hoy se establecen diversas obligaciones para el contratista, lo que implica la realización de todas las obras desde el diseño del proyecto ejecutivo, pero ahora se busca que las obras a precio alzado tengan proyectos ejecutivos concluidos.
Por ello, dijo, se establece como obligación contar con un catálogo de conceptos y sus respectivas descripciones de lo que se va a ejecutar, para la realización de la construcción y la clasificación de las partidas.
Asimismo, Santillán Pérez señaló que se requerirá el dato de los insumos que se utilizarán, la calendarización de las actividades y las cédulas de avances programados, el programa general de la ejecución de los trabajos, las cuantificaciones y calendarización de las erogaciones y el presupuesto total de los trabajos.
Indicó que con esta medida se plantea que el contrato a precio alzado deje de ser un instrumento para justificar la no programación y el no desarrollo adecuado de los proyectos. “Esta acción es fundamental porque se impedirá que se presenten una serie de fenómenos como el de la línea 12 del Metro”.
Con ello, aseguró, se establece la responsabilidad que tendrán a partir de la aplicación de esta ley las empresas supervisoras de obra, “cuando fruto de una mala supervisión se avalen obras con deficiencias”. Esto implicará también que las empresas supervisoras sean responsables ante la administración pública, por un monto igual al que haya sido contratado en caso de realizar una indebida supervisión de las obras.
También, informó que se establece una modificación importante en lo que corresponde a la obligatoriedad de las dependencias, a informar a los vecinos de la realización de una obra, que implique una serie de molestias.
“Esta me parece que es sin duda una reforma trascendental, porque nos permite hacer los ajustes normativos para garantizar una mejor calidad de la obra pública, y garantizar que en todo momento se salvaguarden los derechos de la ciudad”, concluyó.
