Morena advierte sobre la aprobación de Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados
30 de Noviembre de 2017
- Esta Ley modificaría de forma negativa la realidad del país, llevándolo por el camino de la militarización: Dip. Paulo César Martínez López
Está previsto que este día jueves, se discuta el dictamen de la Ley de Seguridad Interior, en el Pleno de la Cámara de Diputados. En febrero del presente año, advertimos que ésta es retrógrada, permisiva e impulsará la militarización del país.
Según el proponente de la Ley, el senador panista Roberto Gil Zuarth, dicha Ley busca regular la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Sin embargo, de su lectura se desprenden diversas disposiciones que vulneran los derechos humanos de las y los habitantes de la República Mexicana, además de otorgar al Ejército Mexicano la facultad de seguridad pública, lo cual es de competencia concurrente entre las autoridades federales, estatales y municipales como se establece en el artículo 2° de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, el cuál menciona que:
“La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.”
Derivado del análisis de esta iniciativa de Ley, encontramos que se faculta al ejército para poder incidir en cualquier acto que ellos consideren ponga en peligro la seguridad pública. Además de justificar cualquier operación armada, sin importar las ejecuciones sumarias y mucho menos los procesos de justicia, al igual que la permanencia del ejército en las calles. Con la aprobación de esta Ley se abriría la puerta a ejércitos extranjeros por medio del establecimiento de acuerdos interinstitucionales, evidenciando que es una iniciativa anticonstitucional.
Aunado a esto, la Fuerza Especial de Apoyo Federal y la Fuerza Armada Permanente podrán hacer uso legítimo de la fuerza para cumplir con un deber en los términos de la declaratoria de afectación a la seguridad interior; contrarrestar la resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave; impedir la comisión inminente o real de delitos; proteger de una agresión bienes jurídicos tutelados; actuar en legítima defensa; y, controlar a una persona que se resista a la detención en caso de flagrancia. Por lo que nos preocupa que comentadas autoridades sigan incurriendo en un importante impacto de violencia abusando de su autoridad que esta Ley les confiere, ejemplo de ello son los casos de:
1-. Tlatlaya, Estado de México donde 22 personas fueron asesinadas en manos del ejército. Todos los militares que fueron encarcelados por estos actos, hoy en día están libres, siendo que 15 de esos civiles fueron ejecutados extrajudicialmente.
2.- La lucha emprendida hace diez años contra el narcotráfico, donde 52 mil soldados participaron en los operativos, lo cual generó un deterioro en la seguridad pública y en la relación de convivencia entre el ejército y la sociedad mexicana, dejando un índice anual de 27 mil asesinatos, en comparación con el índice que se mantenía en 9 mil asesinatos, el índice se elevó considerablemente.
3.- La participación del ejército en las calles, se vivió bajo el mandato de actual presidente de la Republica, Enrique Peña Nieto, que refiere la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero.
4.- También el operativo implementado por la Marina en Nayarit donde fueron masacrados 15 presuntos integrantes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva por parte de la Armada de México en la colonia Lindavista de Tepic, Nayarit, la noche del jueves 9 de febrero del 2017, uno de ellos, Juan Francisco Patrón Sánchez, El H2, jefe de la organización delictiva, y donde también se encontraban niños y jóvenes que sufrieron la misma suerte.
Ante lo anteriormente expuesto considero que es fundamental, que la ciudadanía tenga la oportunidad de conocer el contenido de ésta y externar su opinión a través de una consulta popular con fundamento en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual refiere el derecho que tienen las y los ciudadanos a votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional.
La aprobación de este dictamen representaría la imposición de una ley que modificaría de forma negativa la realidad del país, llevándolo por el camino de la militarización pervirtiendo la naturaleza de las fuerzas armadas en el territorio nacional.
Sin duda la Seguridad Pública es uno de los objetivos más urgentes, pero, debe atenderse sin detrimento de los derechos humanos e incluyendo a la sociedad en la lucha contra la violencia de la que actualmente somos víctima. La respuesta no está en la aprobación de una Ley, está en el combate a la corrupción que genera un clima de ilegalidad, está en la prevención del delito, en la erradicación de la pobreza extrema, en velar por el respeto de los derechos fundamentales en todos los ámbitos y en la coordinación de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal.
De manera respetuosa hacemos un exhorto al H. Congreso de la Unión a fin de detener la discusión y votación del dictamen respecto de la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior.
