Morena exige al gobierno capitalino acabar con oligopolios de desarrolladoras inmobiliarias de interés social y popular
06 de Junio de 2016
· La industria de la construcción de vivienda popular y de interés social debe abrirse a desarrolladoras más honestas
· Privilegios a oligopolios encarecen y escasean vivienda; más de un millón de personas urgidas de vivienda digna y decorosa que no supere los 256 mil pesos
La diputada Ana Juana Ángeles Valencia demandó al gobierno capitalino garantizar el derecho a la vivienda de más de 200 mil familias y abrir el mercado de la industria de la construcción de interés social y popular a empresas más honestas con la finalidad de acabar con los oligopolios que lucran con la Norma 26 y especulan con la necesidad de los capitalinos de escasos recursos.
Argumentó que amparados de la Norma 26, los desarrolladores inmobiliarios construyen una vivienda de 46 metros cuadrados a un costo similar al del Instituto de la Vivienda del Distrito Federal (INVI), que va de 170 mil pesos a 256 mil, en tanto que las populares ascienden a 512 mil y que sin embargo, los constructores las encarecen de 760 mil hasta un millón 200 mil pesos, dependiendo la zona, acabados, cajones de estacionamiento, calidad de accesorios en baño, cocina, entre otros.
Expresó que es clara la existencia de los oligopolios que especulan respecto a los precios porque precisamente ese es su negocio; además, explicó que son pequeños grupos de desarrolladores los que dominan el mercado, manipulan las leyes y las normas de construcción, de ahí que ellos establezcan dimensiones, acabados, niveles y número de viviendas en una pequeña extensión de terreno y que, sin duda, su proceder está dentro del diseño de los oligopolios.
Hizo notar que el déficit de vivienda en la Ciudad de México provoca la expulsión anual de al menos un millón de personas hacia la periferia, por lo que consideró urgente se impulse una nueva Ley de Vivienda que promueva la construcción de casas de interés social y popular acorde a las necesidades y capacidades de los ciudadanos.
Destacó que el Instituto de la Vivienda del Distrito Federal (INVI), no tiene la capacidad para cubrir la demanda anual porque sólo aporta 66 mil viviendas, en tanto que un pequeño grupo de desarrolladores construyen 26 mil al año y ninguno de los dos sectores de la construcción atienden la solicitud de vivienda, de ahí la necesidad de abrir el mercado a más desarrolladores nacionales.
Argumentó que dado su estatus de inmunidad, los desarrolladores de vivienda ejercen poder de mercado provocando efectos negativos para los consumidores de vivienda entre los que se cuentan que los precios sean más altos, la producción sea inferior, que los niveles de calidad sean bajos y de edifiquen en lugares lejanos a sus actividades productivas.
Subrayó que el hacinamiento, la falta de privacidad, además de la mala calidad de la vida diaria que se desarrollan en espacios menores a 50 metros cuadrados de construcción, impulsan que se eleven en gran medida los índices de violencia intrafamiliar, lo anterior, dijo, de acuerdo a estudios realizados por psicólogos nacionales y extranjeros.
Mencionó que la calidad de muchas viviendas edificadas por estos grupos empresariales deja mucho qué desear y que regularmente los fraccionamientos para viviendas de interés social y popular se encuentran en las periferias de la Ciudad, alejada de los centros de trabajo y de los servicios de calidad.
Sostuvo que las unidades habitacionales populares en la práctica se han convertido en casas dormitorio porque los habitantes salen a sus actividades cotidianas y después regresan al goce y disfrute de sus viviendas sólo para pernoctar posterior a largos trayectos de transportación en pésimas condiciones.
El abuso indebido de los oligopolios, dijo, impulsa el crecimiento informal de ciudades emergentes que facilita a los sectores más pobres contar con una vivienda mediante la autoconstrucción en condiciones precarias, sin servicios ni los mínimos niveles de calidad de vida. En ese sentido exigió poner fin a las políticas neoliberales de dejar todo al libre mercado porque genera saldos negativos para la sociedad.
