Morena pide al GDF impedir tala de árboles en Sierra de Chichinautzin, Milpa Alta
09 de Febrero de 2017
· Hace casi un año legisladores locales denunciaron tala ilegal e instalación de aserraderos en un área declarada parque nacional en 1947
· Piden a autoridades de la Secretaría de Gobierno aclarar a qué se refieren cuando responden que no hay condiciones para establecer operativos de vigilancia en esa sierra
· Comuneros denuncian que talamontes depredan sus bosques; temen brotes de violencia
Diputados de MORENA acusaron complicidad e indiferencia de autoridades locales y federales en ecocidio que se perpetra en la Sierra de Chichinautzin y pidieron aclarar a autoridades del gobierno de la Ciudad de México a qué se refieren cuando señalan que no hay condiciones para realizar operativos de vigilancia en esa zona de la delegación Milpa Alta.
En conferencia de prensa, María Eugenia Lozano, Juana María Juárez, Luciano Tlacomulco y Darío Carrasco, acompañados por comuneros de Milpa Alta, señalaron que habitantes de esa delegación les han denunciado la presencia de talamontes armados que intimidan a quienes se oponen a que depreden ese pulmón verde la Ciudad de México, declarado parque nacional en 1947.
Los legisladores señalaron que desde hace casi un año han acudido a diferentes instancias para que detengan la depredación de la sierra. Ello, porque durante meses camiones de tres y media toneladas hacen hasta ocho viajes al día trasladando madera que cortan ilegalmente en la Sierra Chichinautzin; también demandan el cierre de unos 20 aserraderos que operan en una zona donde la tala está prohibida desde la fecha señalada. Sin embargo, este ilícito continúa sin que ninguna autoridad intervenga.
María Eugenia Lozano explicó que como resultado de una demanda que interpuso en septiembre pasado ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el subprocurador de Recursos Naturales, Ignacio Millán, se comprometió a efectuar un operativo de vigilancia para detener esta tala ilegal y cerrar los aserraderos.
Sin embargo, el operativo, que se realizaría en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México, no ha sido aplicado debido a que el director general de Gobierno de esta ciudad, Horacio Robles, respondió el 7 de diciembre pasado a la Profepa “que como habían informado en octubre pasado, no había condiciones para realizar dicho operativo”.
Este bosque, dijo, es un área fundamental de recarga del manto acuífero y ambiental para la Ciudad de México que alberga a un sinnúmero de especies protegidas, por lo que no entendemos por qué el gobierno local solapa un ilícito que repercutirá en la salud de los capitalinos. Es así que exigió conocer cuáles son las condiciones que necesita el gobierno de la ciudad para hacer cumplir la ley y velar por un área protegida.
En la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México no les toman las llamadas, por lo que hoy acudirán a solicitar que se atienda de inmediato a una representación de comuneros que urgen detener la depredación de sus bosques, dijeron.
En 2013 las autoridades ya desmantelaron varios aserraderos, por lo que no entienden por qué dicen ahora que no hay condiciones para intervenir. No es posible que nadie haga nada para detener este ecocidio; durante meses han bajado madera y nadie los detiene, por lo que preguntó si acaso están esperando a que corten los más de 30 mil árboles.
La vicecoordinadora del grupo parlamentario de MORENA, Juana María Juárez, señaló que talamontes armados operan en esa zona y por alguna razón son intocables, por lo que urgió a las autoridades a atender este problema.
Al señalar que se requiere voluntad política de parte de las autoridades, el diputado Darío Carrasco señaló que solicitarán la reforestación del área dañada para evitar la aparición de asentamientos irregulares. En tanto, Luciano Tlacomulco resaltó que el medio ambiente sano es un derecho plasmado en la Constitución, por lo que llamó a respetar la veda forestal decretada en 1947.
Enrique Jurado y Juan Hernández Padilla, comuneros de Milpa Alta, afirmaron que están agotando todas las instancias legales para resolver este problema, por lo que llamaron a las autoridades federales y locales a atenderlos, ya que temen brotes de violencia porque los talamontes están armados e intimidan a los pobladores.
