Morena pide informe sobre Consejos de Prevención del Delito
26 de Marzo de 2017
· Los Consejos para Atender Problemas de Inseguridad y de Prevención Social del Delito y la Violencia debieron operar desde 2015
· Ciento 19 mil 448 delitos de alto y bajo impacto no se atienden y forman parte de las cifras negras que reportó el ENVIPE en 2016
· El incumplimiento de esta Ley será sancionado de conformidad con la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos
Los Jefes de Gobierno de la Ciudad de México y de la delegación Gustavo A. Madero deben dar una explicación clara, precisa y contundente respecto a los resultados de los Programas, Proyectos y Acciones tendientes a la Prevención Social del Delito y de la Violencia en la capital del país y en esa jurisdicción, instrumentados desde abril de 2015, exigieron los diputados Ana Juana Ángeles Valencia, Olivia Gómez Garibay y Paulo César Martínez López.
Precisaron que de acuerdo a los fundamentos de la Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia para el Distrito Federal, que entró en vigor en octubre de 2014, los gobiernos capitalino y de la Gustavo A. Madero tienen la obligación de informar trimestralmente a la comunidad respecto a las acciones realizadas en los Consejos de Prevención Social del Delito y la Violencia general y local de manera transparente.
En la Sección Tercera, de los Consejos Delegacionales para la Prevención Social del Delito y la Violencia, en el artículo 21, de la ley en comento, se destaca que las delegaciones deberán formar su Consejo de Prevención Social del Delito y la Violencia para atender problemas específicos de inseguridad en su demarcación, con el objeto de llevar a cabo diagnósticos y realizar el diseño, implementación, evaluación y supervisión de las políticas delegacionales en materia de prevención social del delito y la violencia.
Explicaron que los Consejos que entraron en vigor en abril de 2016, también tienen la obligación de implementar programas para prevenir la violencia infantil y juvenil; erradicar la violencia, ejercida contra niños, niñas, jóvenes, mujeres, indígenas y adultos mayores en los que se garantice la atención integral a las víctimas del delito.
Señalaron que en el Capítulo Sexto, de las Sanciones, de la propia ley, en el artículo 37, de manera clara se precisa “que el incumplimiento en el ejercicio de las obligaciones de los servidores públicos contemplados en el presente ordenamiento, que se derivan de esta Ley será sancionado de conformidad con la Legislación en materia de Responsabilidad de los Servidores Públicos”, para los casos de omisión o desacato de la ley en cuestión.
Hicieron notar que de acuerdo a información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), el 94.7 por ciento de los delitos no se denuncian por desconfianza hacia elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF) y de los Agentes del Ministerio Público.
En ese sentido, los diputados de Morena, Ángeles Valencia, Gómez Garibay y Martínez López, hicieron notar que 119 mil 448 delitos de bajo y alto impacto registrados en las 230 colonias de la delegación Gustavo A. Madero, quedaron fuera de las averiguaciones previas y carpetas de investigación durante 2016 en tanto que la PGJDF reportó hasta octubre de 2016, 13 mil 272 delitos acontecidos en esa jurisdicción e hicieron notar que la inseguridad no se trata sólo de números sino de generar un ambiente de paz y armonía social.
Precisaron que la Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia para el Distrito Federal es de orden público, de interés social y tiene por objeto establecer las bases para la articulación de programas, proyectos y acciones tendientes a la prevención social del delito y de la violencia en la capital del país, instrumentando las medidas necesarias para evitar un ambiente hostil.
Recordaron que en la ley se precisan acciones que tienen que ver con la prevención social del delito y la violencia a través de un conjunto de políticas, estrategias e intervenciones orientadas a reducir el riesgo de que se produzcan efectos perjudiciales para las personas y la sociedad, incluido el temor a la delincuencia, así como a intervenir para influir en sus múltiples causas y manifestaciones.
Informaron que en el documento legal se enfatiza de manera enunciativa y no limitativa, todos los programas sociales de los gobiernos central y de las 16 delegaciones, formarán parte de la Política de Prevención Social del Delito y la Violencia, vinculadas a la seguridad pública, procuración de justicia, economía, trabajo, educación, cultura, derechos humanos y desarrollo social; particularmente, las orientadas a comunidades, familias, jóvenes, niñas y niños, mujeres y grupos vulnerables y no sólo se ejerzan en tiempos de campaña.
Revelaron que los maderenses están desesperados porque los índices delictivos se han desbordado por lo que la inseguridad ya es insostenible. Puntualizaron que las colonias donde más se acentúan los robos a transeúntes cometidas por bandas motorizadas son Gertrudis Sánchez, Progreso Nacional, Ticomán, San Juan y Guadalupe Ticomán, Guadalupe Tepeyac, Acueducto de Guadalupe, Martín Carrera, Unidades Habitacionales en la zona de Lindavista Vallejo y Acueducto de Guadalupe, entre otras, así como asaltos a transeúntes en los CETRAM Indios Verdes y La Raza, y a pasajeros en transporte público, taxis, microbuses, autobuses y metro, así como asaltos a transeúntes en la vía pública con violencia.
Para coadyuvar a aminorar la situación que prevalece en esta zona territorial, los legisladores de Morena plantearon la construcción de más escuelas, dotar de más becas a los alumnos, más comedores populares y comunitarios; así como mejorar los servicios médicos gratuitos, crear más centros deportivos y culturales que permita a los jóvenes y adolescentes estar alejados de la delincuencia y drogas.
Destacaron además que la presunta privatización de centros deportivos por parte de la delegación Gustavo A. Madero y el cierre de otros por cuestiones administrativas y de lucro como es el caso del deportivo de Santa Isabel Tola, deja sin opciones deportivas a miles de jóvenes y adultos mayores, que son los grupos poblacionales que más los utilizan para ejercitarse, además de transgredir la Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia para el Distrito Federal que exige la creación de programas culturales y deportivos.
