NECESARIA ESTRATEGIA TECONOLÓGICA CONTRA INSEGURIDAD
22 de Noviembre de 2011
Con el objetivo utilizar al máximo de su capacidad aquellas herramientas adquiridas para prevenir y combatir el delito en la Ciudad de México, el diputado Guillermo Huerta Ling, del PAN, propuso establecer “candados jurídicos” para evitar que se pierda el propósito de esta estrategia, con reformas a la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal.
En el marco del “Proyecto Bicentenario de Seguridad”, comentó el legislador de Acción Nacional, se instalaron 8 mil cámaras de video-vigilancia, con una inversión de 8 mil millones de pesos, en zonas con altos índices delictivos, por lo que es necesario establecer estos mecanismos, para que además de trascender a lo largo de las diferentes administraciones, se garantice su correcto funcionamiento.
“Se pretende adicionar un artículo 4 BIS, que establezca la prohibición de retirar los equipos y sistemas tecnológicos instalados en el Distrito Federal, estableciendo la excepción solamente para aquellos equipos que no contribuyan con el cumplimiento del objetivo de la citada ley, o bien, cuando se encuentran dañados con la obligación de repararlos y reemplazarlos”, explicó Huerta Ling.
Destacó que en muchas ocasiones estas herramientas no se encuentran en buen estado, no funcionan y en algunas ocasiones son obstruidas por diversos objetos que afectan la visión de los equipos tecnológicos, lo que afectan el cumplimiento de los objetivos para los que fueron establecidos.
“Por ello, la presente iniciativa también establece la prohibición de colocar cualquier tipo de propaganda, lonas, mantas, carteles, espectaculares, estructuras u objetos que impida a las cámaras de video-vigilancia desarrollar sus funciones”, detalló.
La propuesta del integrante del Grupo Parlamentario del PAN también pretende adicionar un artículo 7 a la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del DF, así como el artículo 239 BIS del Código Penal capitalino, para establecer una sanción privativa de la libertad que va de los tres a los siete años de prisión, así como la reparación del daño, a la persona que de manera dolosa provoque daños en los equipos y sistemas tecnológicos instalados en la Ciudad de México.
Finalmente, señaló que para generar un panorama más completo sobre el estado en que se encuentran estos dispositivos de vigilancia, así como su ubicación exacta y los resultados obtenidos en torno a su funcionamiento, el Registro de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad Pública, así como los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones, deberán remitir de manera trimestral sus informes a la Asamblea Legislativa.
