NECESARIA PROFESIONALIZACIÓN DE ABOGADOS Y PERITOS
14 de Febrero de 2012
El diputado Leobardo Urbina Mosqueda reveló que un importante número de casos que se desahogan en juzgados y tribunales del fuero federal y común, son llevados por personal que no tienen los estudios que se requieren como abogados o peritos en derecho, por lo que el 90 por ciento los defendidos son considerados culpables, por la falta de experiencia de estas personas que sin ningún escrúpulo litigan al amparo de las autoridades.
El diputado priista aseguró que el sistema de impartición de justicia que opera en todo el territorio nacional se ha visto superado por el gran número de procesados por diversos delitos en el país en general y en el Distrito Federal en lo particular, como efecto de la profunda descomposición social que se denota en los elevados índices delictivos de la sociedad moderna y por el gran número de procesados por diversos delitos.
Explicó que debido a lo anterior, la representación social, es decir, el ministerio público se ha visto superado en el número de procesados a quienes se les aplicará la sanción que les corresponde en términos de lo que dispone el Código Penal vigente, lo que da como resultado que se multiplique el trabajo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de los Juzgados Penales del Tribunal Superior de Justicia donde se atiende un número muy elevado de procesos penales.
En este sentido, el diputado priista señaló que los inculpados deben contar con el patrocinio de una defensa ejercida en la parte de averiguación previa, ya sea por una persona de su confianza o por un abogado defensor particular o de oficio, el cual debe contar con su Cédula Profesional registrada ante la Secretaria de Educación Pública.
Sin embargo, el legislador detalló que existen muchos “pseudo abogados” que viven engañando a la gente a través de la falsificación de documentos oficiales como la Cédula Profesional, misma que es presentada ante los diferentes juzgados para acreditar el requisito que se le exige al defensor particular y en muchos de los casos protegidos por las mismas autoridades.
“Lamentablemente la Ley no exige que el juzgador corrobore la autenticidad y la eficacia de la Cédula Profesional, y se tiene por satisfecho el requisito con la sola presentación de la referida Cédula Profesional, resultando que los defensores particulares en muchas ocasiones son personas que engañan, no solo a su cliente o representado, sino también a las autoridades impartidoras de justicia”, subrayó.
El legislador recordó que para ser abogado particular de un procesado se debe contar con la Cédula Profesional respectiva, con el propósito de que quien representa la defensa o patrocinio de un encausado penalmente debe ser un Perito en Derecho, “y esto es así por que no se puede confiar que uno de los mayores valores que existen en la vida, como la libertad, sea depositado en una persona que carezca de los conocimientos suficientes para que cumpla con una adecuada defensa y así se pueda observar fielmente el mandato constitucional”.
Dijo que la actuación sin la debida acreditación profesional de los estudios ejercidos, se traducen en acciones ilícitas que pueden y deben ser sancionadas penalmente a quien las ejerce, es decir a los supuestos abogados.
“En casi el 90 por ciento de los procesados se les causa un daño que, en muchas ocasiones, es irreversible porque el propio procesado, al igual que su familia y el juzgador, no se percatan de la falsedad del documento, ni del engaño que comete su defensor, lo que provoca el riesgo de recibir una sentencia adversa por la misma razón”, precisó Urbina Mosqueda.
Por todo lo anterior, el integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Asamblea Legislativa, dio a conocer que presentó un proyecto de Iniciativa con reformas a los artículos 269 y 290 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, donde propone que el Ministerio Público, en el caso exclusivo de defensor particular, no así de persona de confianza del presunto responsable, pueda corroborar y verificar de manera electrónica, es decir por Internet a través de los sistemas de informática, la autenticidad de los datos que se contienen en la Cédula Profesional.
El diputado priista aseguró que en la actualidad la utilización de los medios informáticos cada vez es más utilizada en la práctica en toda clase de controversias jurisdiccionales, más aún, en aquellas que pudiesen tener que ver con la libertad de las personas.
En este sentido, reconoció la labor de la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, que puso a disposición del público en general una herramienta muy importante de acceso a la información pública y de transparencia que apoya su Iniciativa. “Ahora se puede consultar el registro de las Cédulas Profesionales y cualquier persona puede acceder a conseguir la información sobre los Profesionistas registrados”, concluyó.
