NECESARIAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA REGULAR COMERCIO INFORMAL Y COMBATIR INSEGURIDAD EN DF
24 de Julio de 2014
Al dar a conocer las conclusiones del Foro Internacional Ciudadanía, Estado de Derecho y Desarrollo: Hacia la construcción de una Agenda Legislativa para el Distrito Federal, realizados por la Asamblea Legislativa y la Oficina Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el presidente de la Comisión de Gobierno, Manuel Granados Covarrubias destacó la necesidad impostergable de diseñar estrategias viables y definidas que permitan combatir las desigualdades sociales, fomentar la participación ciudadana en el diseño y concertación de las políticas públicas y regular de manera urgente el comercio informal.
En el Salón “Heberto Castillo” del Edificio de Donceles, el diputado afirmó que los resultados de este foro serán de utilidad para incorporar nuevos temas a la agenda legislativa, se diseñarán nuevas leyes o se revisará el marco jurídico vigente, en relación con el desarrollo social, económico y político, que ayude a la gobernabilidad democrática de la Ciudad de México.
“Las conclusiones del Foro Internacional serán útiles a todos los legisladores, los documentos producidos cobrarán la importancia que merecen cuando se elaboren, revisen, debatan y voten los proyectos de ley. Nuestro compromiso es con los habitantes de la Ciudad de México y en él seguiremos trabajando hasta el término de esta VI Legislatura”, subrayó.
Granados Covarrubias aseveró que los temas centrales fueron abordados amplia y profundamente por especialistas, académicos, servidores públicos y líderes sociales, quienes con base en sus conocimientos y experiencias enriquecieron sustancialmente la percepción socio-política de los asistentes y legisladores.
Por su parte, el representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNOCD) Antonio Mazzittelli aseguró que con estos trabajos se logró el objetivo de generar un espacio de discusión y debate útil para el trabajo legislativo de la ALDF, las conclusiones han puesto en el centro al ciudadano en la construcción de una ciudad más eficiente y transparente, que garantice el crecimiento económico y social en un contexto de convivencia y democracia.
Aseguró que las economías informales por su naturaleza de irregularidad e imposibilidad a reglamentarse a través de la ley, representan un lugar extremamente fértil para el crecimiento de la cultura de la ilegalidad, que es el primer paso para la formación de mercados criminales.
En su intervención, el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, comentó sobre los trabajos realizados durante el foro, “se tienen retos de gran magnitud que son el piso mínimo, con un enfoque de derechos humanos y que servirán para consolidar la agenda progresista de la ciudad de México”.
En el tema de gobierno abierto, afirmó que sobre la estrategia de innovación en materia de gestión pública, “es importante la participación ciudadana en los asuntos de interés público y la incidencia que ésta pueda tener en el desarrollo democrático, económico y social de las comunidades”.
En el mismo sentido, resaltó la iniciativa que presentaron para lograr que la ALDF, sea el primer parlamento abierto del país, y el mecanismo en línea que le permite a la ciudadanía opinar, comentar y hacer redacciones alternativas, además de sumar las opiniones de los expertos y académicos que participaron en el foro.
En tanto, el representante de la sociedad civil, Eduardo Guerrero, dijo que en el foro se reflexionó sobre el vínculo de la política de seguridad con la política de desarrollo social, lo cual es fundamental para construir un sólido trabajo en la prevención del delito. “En México se ha visto una crisis de violencia y seguridad, el DF afortunadamente ha quedado exenta de muchas eventualidades delictivas de dicha crisis, y el hecho de que la Ciudad de México se ha salvado de estos problemas es por el fruto de un trabajo coordinado de políticas sociales”.
Se pronunció por construir un sistema de alertas tempranas para evitar epidemias de crisis en la seguridad, reto importante de carácter metodológico, que requiere el apoyo de los grupos de reacción inmediata y acompañamiento de nuevas leyes.
Conclusiones.
1. El crecimiento económico por sí mismo no garantiza un entorno social equitativo. Para lograrlo resulta impostergable diseñar estrategias viables y definidas que permitan dar pasos hacia adelante en el combate a las desigualdades sociales.
En ese orden de ideas, se alcanzó el consenso entre los participantes de que la inequidad social constituye un obstáculo para acceder a la ciudadanía.
Resulta importante conocer los diversos indicadores de nuestra realidad económica y social que confirman el escenario descrito:
• La tasa de crecimiento económico del país en las últimas décadas, es de 2.5% anual en promedio.
• En los últimos 30 años, el salario mínimo en México ha perdido un 70% de su poder adquisitivo.
• Para el 59.4% de nuestros trabajadores durante el primer trimestre de 2014, el salario básico resulto insuficiente para adquirir artículos de primera necesidad constitutivos de la llamada canasta básica.
• La informalidad económica ocupa al 60 por ciento de la Población Económicamente Activa. Resulta indispensable plantear esquemas incluyentes que permitan regularla.
• El ingreso de las personas empleadas en la economía informal llega a ser superior hasta en tres tantos, respecto de los salarios que devengan en empleos formales.
• La economía informal representa el 30% del Producto Interno Bruto del país.
Como podrá advertirse el escenario económico y social descrito lesiona la calidad de vida de las personas y coloca en riesgo la gobernabilidad democrática.
Por otra parte se comento que el Estado Mexicano no siempre responde a las expectativas (de desarrollo) de la población.
Los espacios que el Estado no cubre u ocupa en el entorno social han llegado a ser cubiertos por agentes no institucionales, no necesariamente criminales pero si lindando en la ilegalidad,
Por lo que resulta indispensable:
• Impulsar políticas públicas que enfaticen en el valor social del capital humano.
• Propiciar un entorno favorable de formación de capital humano calificado, con mejores oportunidades de empleo y salarios, que reconozca que los procesos productivos competitivos en el concierto internacional son aquéllos en los que la innovación y el valor agregado a bienes y servicios, que devienen de la aplicación del conocimiento (propiedad intelectual), son su distintivo.
• Reconocer la importancia de este esfuerzo en función del impulso al bono demográfico, que ofrece al País una oportunidad histórica para remontar nuestras condiciones de precariedad ciudadana. Evitar a toda costa que el bono demográfico se convierta en un pagaré demográfico, con un costo social que puede resultar por abrumador, sino que al momento ya parece serlo de esa manera.
• Revisar el marco jurídico para identificar las áreas de oportunidad que ofrece para perfeccionarlo, mediante reformas o con el impulso de nuevos instrumentos legislativos que permitan estos propósitos.
• Concertar esfuerzos con la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal para lograr una plena coordinación entre los proyectos del Gobierno y los fines de la Asamblea Legislativa.
El impulso de políticas públicas mencionadas, deberá reconocer que actualmente el desarrollo económico y social se da en las grandes metrópolis (regiones) y no necesariamente en las entidades federativas de manera aislada.
En esta lógica, la perspectiva metropolitana adquiere un valor inusitado en el diseño y concertación de las políticas públicas.
En cuanto al tema de la Participación Ciudadana y la Gobernabilidad, presenta una riqueza extraordinaria para aprovechar en beneficio de la construcción de ciudadanía.
2. El fomento de la participación social en el diseño de políticas públicas resulta de primera importancia, particularmente en materia de prevención de conductas que dañan el tejido social (delitos, adicciones).
La recuperación de los espacios públicos desde esta lógica, constituye la piedra angular para fomentar la cultura cívica, impulsar la convicción ciudadana en la legalidad y promover la convivencia pacífica que consolide nuestras relaciones sociales.