Necesario adecuar el andamiaje jurídico del Sistema de Justicia Penal para garantizar justicia: IBC
05 de Julio de 2017
- Indispensable el trabajo coordinado entre Gobierno federal, la Ciudad de México y las entidades del país
Con el propósito de mantener un puntual seguimiento de los avances que el Sistema de Justicia Penal ha registrado desde su implementación y de evaluar sus alcances, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) realizó un nuevo ciclo de conferencias denominado Delito y Seguridad Pública.
En el marco inaugural, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Israel Betanzos Cortes, aseguró que el propósito fundamental de este ejercicio de información y análisis con expertos en seguridad pública, investigadores de la UNAM, magistrados y funcionarios de los gobiernos federal y de la Ciudad de México, es orientar a los ciudadanos y a quienes están interesados en las nuevas normas que rigen la aplicación de la justicia en el país.
Reiteró que en ese sentido se han realizado diversos foros a fin de dar a conocer, no sólo el funcionamiento del sistema de justicia penal, mejor conocido como "juicios orales", sino también la trascendencia e importancia de los derechos humanos en el sistema.
Ante la percepción de algunos sectores sociales, en el sentido de que el Sistema de Justicia Penal solo ha beneficiado los intereses de los presuntos responsables o inculpados y no así a la víctima, el también presidente de la comisión organizadora del ciclo de conferencias subrayó la importancia de escuchar la orientación de expertos y definir criterios objetivos para adecuar el andamiaje jurídico de la ciudad y garantizar justicia a la sociedad en todos sus aspectos.
El coordinador de los diputados del PRI en la ALDF coincidió con Álvaro Vizcaíno, secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en sentido de que el nuevo Sistema de Justicia Penal no es responsable del aumento de los delitos. Dijo que el ascenso en la incidencia delictiva es multifactorial, principalmente por el incremento en la portación de armas que como consecuencia ha aumentado el número de homicidios dolosos.
Vizcaíno aseguró que algunos gobiernos estatales no han tenido la capacidad de hacer frente a la delincuencia pues, entre otras cosas, tienen menos elementos policiacos de los que necesitan.
No está fallando el NSJP, están fallando algunos operadores y algunas instancias del propio sistema que no se construyeron bien o que no han terminado de madurar como las Unidades de Atención Temprana que tendrían que canalizar los asuntos a los mecanismos de justicia alternativa evitando la sobrecarga de trabajo de las Unidades de Investigación y también las Unidades de Medidas cautelares que constituyen el verdadero tope a la llamada “puerta giratoria”, enfatizó.
En su oportunidad, el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Leonel Luna, reiteró la necesidad de realizar ajustes al sistema de justicia penal para alcanzar las metas y los objetivos para los que fue creado. Subrayó que a un año de su entrada en vigor prevalecen deficiencias. Señaló que para el buen funcionamiento del sistema de justicia acusatorio es necesaria la certificación profesional de las y los abogados, en los ámbitos públicos y privados, con el fin de evitar las malas prácticas y favorecer la transparencia.
Por tanto enfatizó que es necesario profundizar la profesionalización de todos aquellos servidores públicos encargados de la implementación de este nuevo sistema, empezando por nuestros policías, dado que su debida y oportuna intervención sigue siendo clave para garantizar un buen proceso legal.
Afirmó que es necesario el trabajo coordinado, conjunto entre el Gobierno federal y el de la Ciudad de México y de las entidades del país, así como la participación de los congresos locales. Sin duda se trata de un tema interdisciplinario, complejo, perfectible que se puede mejorar, por eso la relevancia de estos foros de análisis y discusión.
El consejero jurídico de la ciudad, Manuel Granados, expresó por su parte que la nueva Constitución de la Ciudad de México coloca como su eje fundamental la protección de los derechos ciudadanos y la garantía de sus libertades. Afirmó que la inseguridad y el delito son de los temas más sensibles para los ciudadanos, por lo que es necesario hacerles frente, de manera conjunta.
Subrayó que ninguna norma es perfecta, por lo que llamó a realizar un corte de caja, una revisión, para hacer los ajustes necesarios y generar condiciones realmente de efectividad, pero sobre todo de percepción y certeza para los ciudadanos en el ámbito de la legalidad y la justicia.
“No podemos estar de acuerdo, bajo ninguna circunstancia en los esquemas de portación de armas, por eso se ha hecho un llamado para hacer una revisión y generar reformas al sistema de justifica penal para que no exista lo que se ha denominado como la puerta giratoria, porque hoy todos vemos como hay esquemas donde se genera esta libertad de quienes atentan contra la integridad de los personas y su patrimonio, y a las pocas horas están libres.
El consejero jurídico aseguró que tal condición genera incertidumbre, descontento, pero lo que se advierte es que en ese ejercicio debe haber ajustes al sistema, un esquema de planeación, con todos sus componentes, con todos sus operadores; que se haga una revisión, un corte de caja, y las reformas conducentes. Es cómo ajustamos, cómo adecuamos, cómo hacemos perfectible la norma que pueda dar certeza y seguridad a los ciudadanos, finalizó.
Los participantes en el foro coincidieron en que es necesario forjar un marco jurídico de avanzada, que anteponga intereses, que haga de la voluntad ciudadana el eje fundamental de la toma de decisiones. Advirtieron que no existe una ley perfecta, si no aquella que se adapte y se reforme cuando así lo requiera.
En la inauguración también estuvieron presentes, Hiram Almeida, secretario de Seguridad Pública y Jorge Antonio Mirón, subprocurador jurídico de planeación de derechos humanos de la PGJCDMX.
