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NECESARIO FORTALECER EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO



29 de Septiembre de 2015

Boletín # 011

Con planteamientos para fortalecer el sistema anticorrupción en la Ciudad de México, propuestas para implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, la autonomía de la Contraloría General y las delegaciones, además de la profesionalización de los funcionarios públicos, entre otros temas, se llevó a cabo la comparencia del titular de la Contraloría General del Distrito Federal, Eduardo Rovelo Pico, ante el Pleno de la Asamblea Legislativa, VII Legislatura.
En su intervención, el diputado del Partido Encuentro Social (PES), Carlos Alfonso Candelaria López, celebró las acciones de mejoras regulatorias y simplificación administrativa orientadas a eliminar la discrecionalidad innecesaria de la autoridad y erradicar el exceso de trámites con el propósito de eficientar la gestión pública.

El asambleísta Lamentó que el combate a la corrupción ha sido insuficiente, pues de acuerdo con encuestas, el 66 por ciento de los capitalinos perciben más corrupción, por lo que planteó la implementación de una campaña informativa para que los ciudadanos conozcan dónde realizar sus denuncias.

Candelaria López cuestionó que la Ciudad de México se encuentre en el primer lugar en transparencia, pero sea el último lugar en el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno. Destacó que para reconciliar los intereses de la clase política con los ciudadanos, es necesario efectuar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas objetivos a fin de lograr una democracia de calidad y gobierno confiable que permita que la ciudadanía vuelva a creer en las instituciones.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Nury Delia Ruiz Ovando, manifestó que se debe contar con servidores públicos capaces y comprometidos que permitan fortalecer las instituciones públicas. Planteó la necesidad de implementar mecanismos para dotar de mayor certeza y credibilidad al órgano de gobierno encargado de la impartición de justicia administrativa disciplinaria.

La diputada reconoció avances de la Contraloría al sancionar severamente el condicionamiento de la entrega de ayudas sociales a grupos vulnerables a cambio de un voto. Al referirse a las irregularidades de la Línea 12 del Metro, preguntó la forma en que se sancionarán a los respectivos funcionarios públicos y expresó su preocupación por conocer las acciones que habrán de realizarse para reparar los daños causados a la ciudadanía.
Por el Partido Verde Ecologista de México, el diputado Fernando Zárate Salgado señaló que la Contraloría debe ser una voz independiente para salvaguardar los derechos de los capitalinos en materia de deuda, por lo que se necesita dotarla de nuevas facultades.

Especificó que el contralor debe ser el principal promotor de que cada peso llegue a su destino, de la misma manera que debe revisar la ley y las deudas en las que se encuentra el Distrito Federal e hizo hincapié en que no todos los programas sociales implementados en la Ciudad de México están dando los resultados óptimos para los capitalinos, por lo que se debe redireccionar los objetivos para beneficiar a sectores vulnerables.

En su turno, el diputado priísta José Encarnación Alfaro Cazares reconoció los esfuerzos en la aplicación de los programas de fiscalización y rendición de cuentas, pero insistió que el GDF debe poner énfasis en el combate a la corrupción porque los capitalinos siguen padeciendo de obra pública mal ejecutada, como el caso de la Línea 12 del Metro, con falta de transparencia, enriquecimiento escandaloso de funcionarios públicos, tráfico de influencias en el uso de suelo, opacidad y manejo clientelar de los programas sociales, extorsión y soborno en las áreas de servicio y atención a la ciudadanía.

Dijo que tales conductas lastiman la confianza ciudadana y deterioran la legitimidad del gobierno, por lo que se debe poner énfasis en el combate a la corrupción en cualquiera de sus formas, así como prevenir y castigar el uso ilegítimo del poder público para beneficio de particulares y grupos políticos en la ciudad, “tarea nada fácil porque este cáncer se debe extirpar del país en todos los niveles de gobierno”.

Por el Partido Acción Nacional, Wendy González Urrutia dijo que las acciones de combate a la corrupción sólo pueden tener un efecto positivo si se focalizan en la mejora de prácticas de gobierno como fiscalización, responsabilidad, legalidad, renovación, relevancia, generalidad, sistema anticorrupción y buena administración.

La legisladora aseguró que la profesionalización de los funcionarios públicos es una exigencia necesaria que debe cumplirse con la finalidad de fortalecer la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas y exhortó a Rovelo Pico a aplicar las acciones y actividades propuestas en el Programa Nacional Anticorrupción, y dar seguimiento a la fiscalización de los recursos, así como a “no echar en saco roto la participación ciudadana” en la materia.

En su intervención, la diputada del Parido de la Revolución Democrática, Penélope Campos González aseguró que los temas de interés están enfocados en la función de fiscalización y control del gobierno de la Ciudad de México, a fin de discutir tanto acciones preventivas como correctivas que realiza la Contraloría General para recuperar la percepción de confianza, el gasto transparente y eficiente, así como la prevención y combate a la corrupción.

Campos González dijo que la Ciudad de México necesita una Contraloría General a la altura de las exigencias más sentidas por la ciudadanía y que luche contra la corrupción y el conflicto de interés para favorecer un sistema de anticorrupción en el que se apliquen sanciones severas. Expresó que su objetivo es promover la lucha contra la corrupción a nivel preventivo desde la niñez, fomentar la cultura de la legalidad y la educación en los valores de transparencia y honestidad.

Por su parte, el diputado del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Arturo Núñez López, lamentó que la Contraloría Ciudadana esté descuidada por la administración local y señaló que si bien existe un programa que integra a 887 titulares contralores, se necesita mayor información de los mismos y dar seguimiento a sus gestiones, además de dirigir su profesionalización para que puedan ejercer su encargo de manera eficiente, manteniendo su naturaleza voluntaria sin remuneración económica.

Señaló que la administración local ha reportado múltiples casos de inhabilitación y destitución no obstante el DF ocupa el segundo lugar a nivel nacional con el mayor registro de infracciones por funcionarios públicos, pero en el caso particular de inhabilitaciones relacionadas con la línea 12 del Metro y la Secretaría de Obras y Servicios, consideró que hay escasez de resultados significativos porque se ha suspendido a pocos funcionarios, sin que se presenten denuncias penales o multas para reparar el daño. Entre otras propuestas, sugirió otorgar autonomía a la Contraloría General y a las contralorías de cada una de las 16 delegaciones.

En su exposición, el contralor Eduardo Robelo Pico, reconoció que la corrupción deteriora la legitimidad institucional, daña la economía, profundiza la desigualdad y disminuye el bienestar social, pero además de la impunidad, es uno de los principales problemas del país que también se da a nivel global.

El funcionario afirmó que la impunidad y la corrupción actúan de forma paralela para el uso y abuso de recursos públicos por parte de servidores de todos los niveles jerárquicos, coludidos con particulares e inclusive partidos políticos. “Estas acciones ilícitas, por regla general, permanecen ocultas a la ciudadanía, tales como las compras gubernamentales, en las que se determina asignación de contratos de obra pública, adquisiciones y servicios de manera irregular”, expuso.

Finalmente, indicó que es necesario fortalecer la rendición de cuentas, la legalidad y la transparencia, que son características de un gobierno eficiente, además de implementar acciones como la prevención de actos de corrupción de conflicto de intereses, los cuales favorecerán la actuación de personas servidoras públicas éticas, con valores y principios, de acuerdo con el modelo que la Contraloría General vigilará para que se cumpla en la administración pública del Distrito Federal.