Necesario garantizar derechos de víctimas del secuestro: Gonzalo Espina Miranda
06 de Junio de 2017
- Se brindaría atención integral en las áreas médica, psicológica, jurídica y de protección a la víctima que lo requiera
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) turnó a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y a la de Seguridad Pública la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se abroga la Ley de Protección a las Víctimas del Delito de Secuestro para el Distrito Federal, y expide la Ley de Atención y Apoyo a Víctimas Directas e Indirectas del Delito de Secuestro en la Ciudad de México.
Desde tribuna, el diputado promovente, José Gonzalo Espina Miranda (PAN) explicó que la iniciativa cumple con el objetivo de adecuar los ordenamientos existentes con lo mandatado en la Constitución Política de la Ciudad de México en esa materia.
Abundó: “Las afectaciones causadas a las víctimas directas e indirectas de un secuestro son múltiples”. Por lo anterior, el también presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la ALDF consideró imprescindible contar con una ley que garantice la debida protección y reparación del daño en estos delitos.
La iniciativa también incluye que desde el momento que se hace del conocimiento de las autoridades pertinentes la existencia del secuestro, éstas deben preservar a las víctimas directas e indirectas que hayan sufrido algún daño físico, psicológico o perjuicio patrimonial.
Es de destacar que la propuesta del legislador conlleva brindar atención integral que deberá incluir: asistencia médica, psicológica, orientación, representación jurídica y protección que la victima requiera.
Según datos presentados por el propio legislador, la Ciudad de México se encuentra dentro de los estados con mayor número de secuestros a nivel nacional. Reconoció que actualmente “cualquier ciudadano puede ser víctima de un secuestro”.
La referida ley es un ordenamiento jurídico del orden público de interés social y de aplicación local, en la cual se estipulan los principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos, así como el acceso a la justicia efectiva y al debido proceso, agregó Espina Miranda.
