NO SE QUEDARÁ ALDF “CRUZADA DE BRAZOS” EN TEMA DE MEGA BONOS
07 de Octubre de 2014
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) no se quedará “cruzada de brazos” ante el mega bono de retiro que en días pasados se auto asignaron los entonces magistrados del Tribunal Electoral del DF (TEDF), previo al término de sus encargos, advirtió el diputado Alejandro Robles Gómez.
El Secretario de la Comisión de Asuntos Político-Electorales e integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la ALDF afirmó que este caso no quedará impune y que se llegará hasta sus últimas consecuencias.
Lo anterior, dijo, debido a que las recientes reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales (CIPE) de esta ciudad establecieron candados para evitar pagos extraordinarios a los magistrados del TEDF y a los consejeros del Instituto Electoral del DF (IEDF) al finalizar sus cargos.
Robles Gómez subrayó que es una falacia señalar que los diputados de la Asamblea Legislativa no supieron ni lo que aprobaron en las reformas del CIPE, como lo aseguran los ex magistrados Alejandro Delint y Adolfo Riva Palacio, pues de antemano se presume que actuaron deliberadamente, al amparo del Contralor que ellos mismos nombraron, para darse un regalo económico que a todas luces es inmoral porque provoca afectaciones al patrimonio del Tribunal.
Destacó que los asambleístas tenían claros indicios de que los entonces magistrados tenían la intención de buscar un bono de retiro, una vez que concluyeran sus nombramientos, de ahí que la ALDF realizó reformas al CIPE para evitar precisamente eso.
Por tal motivo, expuso, el legislativo aprobó el artículo sexto transitorio, que a la letra señala: “Se abrogan todos los acuerdos y disposiciones del Instituto Electoral del Distrito Federal, y del Tribunal Electoral del Distrito Federal que establezcan partidas y recursos extraordinarios para el retiro.
Los titulares de los Órganos electorales del Distrito Federal deberán ser liquidados con base en el término del nombramiento, y los titulares que sean ratificados, o sean nombrados para desempeñar la misma función o equivalente deberán renunciar a la liquidación basada en el nombramiento anterior”.
Alejandro Robles desechó que tal artículo se pueda prestar a ambigüedades, como las que ahora pretenden esgrimir algunos ex magistrados del TEDF. “Esto no es un asunto de cuestión de enfoques, sino de respeto a la legalidad, pues la sociedad está harta de que cíclicamente se dañe el patrimonio de sus impuestos. Por eso no lo vamos a permitir”, aseveró.
El legislador del Grupo Parlamentario del PRD dio a conocer que en la sesión del próximo martes, a más tardar, el pleno de la Asamblea Legislativa estaría nombrando al nuevo Contralor del TEDF, para que, entre otras cosas, se garantice una investigación objetiva y veraz sobre el bono de retiro que se autorizaron los ex magistrados.
Alejandro Robles informó también que planteará un punto de acuerdo para solicitar un informe que permita saber con certeza cuánto fue lo que se asignaron los ex magistrados como pago extraordinario por su retiro.
“Ellos esgrimen que se dieron una liquidación con base en la ley, entonces vamos a darles el beneficio de la duda y a saber con certeza cuánto es lo que se asignaron”, apuntó.
No obstante, dejó en claro que todo presume que al momento en que tuvieron certeza de que no repetirían en sus cargos, procedieron a otorgarse, de último minuto, un cheque extraordinario con base en los recursos que había en el propio Tribunal.
“Es una especie de saqueo, por ello procederemos al nombramiento del nuevo Contralor, ya que el que está actualmente fue nombrado por ellos mismos y, por tanto, representa un conflicto de intereses”, refirió, tras indicar que no tiene sentido que ahora digan que procedieron en consecuencia “porque nosotros se los pedimos”.
Robles Gómez sentenció que si se comprueba que los ex magistrados se otorgaron el bono de retiro, habrá sanciones, pues se estaría hablando de un daño patrimonial. “Podríamos dar parte a la autoridad ministerial para que determine la procedencia de daño patrimonial. Las sanciones pueden ir desde administrativas hasta penales.
Si bien les va, lo menos de lo que podemos estar hablando es que puedan quedar inhabilitados para ejercer cargos públicos. Por eso vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, detalló.
