NUEVA LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO PARA DF CONTRIBUIRÁ A REDUCIR ÍNDICES DELICTIVOS: PRD
17 de Junio de 2014
Diputados locales del PRD afirmaron que la nueva Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia para el DF, que recientemente aprobó por unanimidad el pleno de la ALDF en periodo extraordinario, contribuirá a reducir los índices delictivos en la ciudad de México, ya que permitirá que las estrategias e implementación de acciones concretas se sustenten en análisis objetivos de los diferentes factores que pueden incidir en la generación de violencia y delincuencia como son los económicos, alimentarios, urbanísticos y la falta de oportunidades, entre otros.
Los diputados Esthela Damián Peralta, Efraín Morales López y Daniel Ordóñez Hernández, impulsores de la iniciativa que presentaron en octubre de 2013 al pleno de la Asamblea Legislativa, indicaron que la prevención del delito ha demostrado ser una herramienta eficaz en el combate a la delincuencia.
Aseguraron que esta nueva Ley ofrece una respuesta al problema de la seguridad pública que afronta actualmente el Distrito Federal, ya que permitirá la implementación y utilización de mecanismos susceptibles de ser evaluados objetivamente como son índices delictivos, las acciones de prevención, capacitación, recursos, equipo, intercambio de información y coordinación.
Los legisladores perredistas coincidieron en que prevenir es conocer con anticipación, en este caso, la posibilidad de una conducta antisocial disponiendo los medios necesarios para evitarla. Bajo este tenor, señalaron que siempre será de mayor justicia social promover acciones para reducir las causas de los delitos y conductas infractoras que definir y ejecutar prácticas para resarcir sus efectos.
De igual forma, resaltaron que la prevención implica un sistema de registros y muestreos estadísticos que resultan más importantes que la persecución de los delincuentes y la impartición de justicia, ya que si existe un buen sistema de prevención del delito éste disminuirá.
Recordaron que la Iniciativa nació con la finalidad de establecer estrategias de prevención del delito y de la violencia con objetivos bien determinados y con metas cuantificables, atendiendo las disposiciones de orden general en el marco de la estrategia nacional en la materia, buscando además que exista un involucramiento real de la población en estas políticas.
Al respecto, declararon que las políticas de prevención deben ir encaminadas hacia proyectos o programas sociales en los que se involucre el Gobierno y a la sociedad civil, “en otras palabras, la idea central es modificar e institucionalizar el enfoque de combate a la delincuencia pasando de un modelo reactivo a uno de prevención”.
Hicieron ver la importancia de que se valide y legitime la actuación institucional coordinada a través de esta nueva Ley, que establezca normas para la creación de políticas públicas con carácter social de prevención del delito, que contemple a las instituciones gubernamentales y la participación comunitaria en los programas y acciones que se instauren.
Asimismo, detallaron que en la nueva Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia para el DF se generan principios rectores de la actuación institucional tales como: respeto a los derechos humanos, integralidad, intersectorialidad y transversalidad, trabajo conjunto, continuidad de las políticas públicas, interdisciplinariedad, diversidad, proximidad, transparencia y rendición de cuentas.
“Se incorpora en esta ley que la impartición de justicia privilegie el empleo de la figura de actividades de apoyo a la comunidad, como un medio para incrementar la conciencia, la participación y la vinculación ciudadana en las tareas cotidianas de prevención al delito y la violencia, así como la creación de un Consejo de Prevención Social del Delito y la Violencia del Distrito Federal para la implementación, evaluación y supervisión de las políticas públicas en la materia”, apuntaron.
Expusieron que el modelo de Consejo deberá reproducirse a nivel delegacional, es decir, agrupando a funcionarios delegacionales para intercambiar propuestas y generar directrices que los jefes delegacionales puedan externar dentro del Consejo. Así también, establece un cúmulo de atribuciones para los entes de Gobierno como el de proporcionar información a las delegaciones para enfrentar los problemas derivados de la delincuencia, compartir conocimientos con investigadores, entes normativos, educadores, especialistas de otros sectores pertinentes y la sociedad en general.
“Se establecerá un vínculo de participación directa con los órganos de representación vecinal electos conforme a la Ley de Participación Ciudadana, con el propósito de acordar estrategias de acción e implementación de programas en materia de prevención social del Delito y la Violencia”, refirieron.
Finalmente, citaron que no es posible concebir la política criminal, en los albores del siglo XXI, como un instrumento de lucha contra la delincuencia sin contemplar la prevención como la herramienta fundamental para afrontar este fenómeno, “de hecho un sistema de administración y procuración de justicia permanecería incompleto si no se moderniza e instrumenta a la par, un sistema de prevención”, puntualizaron.
