NUEVA LEY DE VIVIENDA CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS
24 de Septiembre de 2014
Es urgente aplicar una política de vivienda con un enfoque de derechos humanos y sustentabilidad, que promuevan una coordinación interinstitucional, a fin de encontrar soluciones a los desafíos del desarrollo urbano, vivienda y medio ambiente de la sociedad, propuso Miriam Saldaña Cháirez, Presidenta de la Comisión de Vivienda de la ALDF.
A pesar de existir un marco jurídico que regula la política de vivienda y las acciones habitacionales del Gobierno del Distrito Federal, deben armonizarse todos los ordenamientos jurídicos con un enfoque de derechos humanos, por las reformas constitucionales de 2008, explicó la legisladora, en la reunión plenaria de la Canadevi.
Exhortó a los grupos parlamentarios, instancias de gobierno locales y federales, iniciativa privada y a la Canadevi a trabajar en una ley de vivienda que fortalezca las políticas públicas de los gobiernos en turno, a fin de evitar normas que generen conflictos con vecinos, constructoras y gobierno.
La capital del país requiere, en materia de vivienda, 114 mil 926 acciones, divididas en 55 mil 410 de viviendas nuevas y 58 mil 916 de mejoramiento. El 49.13 % de estas necesidades, se concentran en los niveles socioeconómicos popular y bajo, que corresponden a personas con menos de 8 salarios mínimos mensuales, destacó.
La nueva ley, tendría como ejes rectores, otorgar casa-habitación en la modalidad de renta a las personas afectadas por sismos y desastres naturales; endurecimiento de las acciones a servidores públicos que sean sorprendidos en actos de corrupción o realizando la venta de lugares o espacios para obtener una vivienda; además de contar con transparencia y mayor apertura a las organizaciones sociales en esta materia
Al mismo tiempo, Saldaña Cháirez propuso la creación de una fiscalía especializada para la persecución de delitos en materia de vivienda, la recuperación de predios manejados por el crimen organizado, difundir los requisitos para la compra segura de un bien inmueble y evitar compras irregulares por fraudes por la adquisición de una vivienda en remate.
Además, dijo, la creación de un área específica en el INVI para la atención de vivienda indígena; incorporación del DF al programa de vivienda para jóvenes a nivel federal, solicitar información de las viviendas construidas en barrancas y la recuperación de viviendas entregadas por el Invi invadidas o rentadas para entregarlas a la población vulnerable, detalló la diputada.
El derecho a una vivienda adecuada implica gozar de un hogar y una comunidad donde se pueda vivir en paz de manera digna y con seguridad. La realización de esta garantía requiere del cumplimiento de varios factores, como son: la seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios, infraestructura, condiciones de habitabilidad y movilidad, que la vivienda sea accesible para todas las personas y culturalmente adecuada, puntualizó Miriam Saldaña.
