NUEVAS PERSPECTIVAS PARA MARCO REGULATORIO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES
30 de Octubre de 2014
Las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Fomento Económico de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal llevaron a cabo mesas de análisis del nuevo marco regulatorio en materia de establecimientos mercantiles del Distrito Federal, a fin de recoger las perspectivas de los diversos sectores involucrados en el tema, respecto a la iniciativa presentada por del diputado Agustín Torres y enriquecida por otras propuestas sobre este tema.
Acompañado por los diputados Manuel Granados y María de los Ángeles Moreno, presidentes de la Comisiones de Gobierno y de Fomento Económico, respectivamente, entre otros legisladores, así como de Ricardo Becerra, Subsecretario de Desarrollo Económico y Sustentabilidad de la Sedeco, Alejandro Piña Medina, afirmó que este encuentro representa un punto de partida para generar uno de los marcos regulatorios más sólidos y duraderos del país; que integre a la mayoría de los sectores productivos de la sociedad, desde los pequeños comerciantes establecidos, hasta las grandes cadenas comerciales, así como las agrupaciones y las cámaras de comercio
El presidente de la comisión de Administración Pública Local dijo que durante los últimos 15 años, la regulación de establecimientos mercantiles ha tenido un sinnúmero de variantes, que van desde la simplificación administrativa, hasta la instauración de nuevos requisitos; mismos que, al no ser actualizados, dificultan el crecimiento económico del sector productivo. Consideró que, a casi 20 años de la puesta en marcha de la primera Ley de Establecimientos Mercantiles, que surgió en 1996, la ciudad se ha quedado a la zaga de un marco jurídico actualizado y adecuado a las nuevas condiciones de desarrollo.
Por su parte, el diputado promovente de la iniciativa en análisis, Agustín Torres, enumeró las principales aportaciones de su propuesta. Por un lado, dijo, se propone retomar los trámites conocidos como avisos, autorizaciones, permiso de impacto vecinal y licencia de funcionamiento para los giros de impacto zonal. Se retoma el principio de la “buena fe del solicitante” de manera literal, por lo que se implementa la manifestación bajo protesta de decir verdad de los particulares, a fin de facilitar y agilizar la apertura de establecimientos mercantiles, con las correspondientes sanciones a quienes infrinjan la norma.
Con el objetivo de agilizar, simplificar y dar certeza jurídica de los giros considerados de bajo impacto, se establece que las delegaciones no podrán realizar requerimientos a estos negocios, salvo que hayan constatado, previamente, con otra autoridad, la irregularidad en los requisitos presentados.
Se contempla la obligación de disponer de equipos de cómputo en las Ventanillas Únicas Delegacionales, para que los particulares puedan ingresar a cualquier tipo de trámite, apoyados por personal del área. Asimismo, se retoma lo previsto en el artículo 6 fracción III de la ley actual, pero no se aplica. Es decir, que los permisos de impacto vecinal se impriman directamente del sistema, una vez cumplidos los requisitos y pagados los derechos, por parte del ciudadano.
Torres expuso que la Contraloría deberá intervenir directamente, una vez concluido el plazo para que la delegación emita su respuesta; ante el silencio administrativo en los trámites, se deberá cerrar el sistema para las demarcaciones y la Contraloría tendrá acceso total al sistema electrónico, a fin de constatar estas omisiones e iniciar los procedimientos correspondientes, en la posible certificación de la afirmativa o negativa ficta, dentro de los términos de la ley.
Por otro lado, se proyecta que, de manera obligatoria, las delegaciones, en coordinación con el INVEA, establezcan un programa anual de verificación administrativa, en el que se incluyan todos los establecimientos de impacto zonal, aleatoriamente, los de impacto vecinal y de bajo impacto. También se establece la obligatoriedad de que ambas instancias implementen un programa de vigilancia permanente, de revisión de horarios de funcionamiento; así como de vigilancia, para garantizar que se mantenga el estado de suspensión o clausura impuesto a los establecimientos mercantiles, derivado de un procedimiento administrativo de verificación.
Se atribuye a las delegaciones la capacidad de ordenar las visitas de verificación de todos los establecimientos mercantiles, incluyendo aquéllos cuyo giro principal sea la realización de juegos con apuestas y sorteos, que cuenten con permiso de la Secretaría de Gobernación. Mientras el INVEA ejecutará la acción, la delegación substanciará el procedimiento y el Instituto establecerá la resolución correspondiente. De esta manera, se promueve una distribución de facultades que permitirá mayor transparencia en los procedimientos.
Esta iniciativa, dijo Torres, “incluye nuevamente la regulación de establecimientos mercantiles considerados de impacto vecinal, que fueron eliminados de la Ley desde el año 2002, como los lugares en donde se desarrollan eventos artísticos, musicales o deportivos que incluyan la venta de bebidas alcohólicas; entre los cuales se encuentran los estadios, arenas, plazas de toros y cualquier espacio de esparcimiento similar a los mencionados”.
En este orden de ideas, la clasificación de giros de impacto zonal, pone en el mismo plano a las cantinas, bares, antros, discotecas, casinos o centros nocturnos; y equipara a las pulquerías con estos giros, lo cual constituye una medida desproporcionada. Por ello, se busca que estas últimas sean consideradas de impacto vecinal, condicionadas a contar, previo a su apertura y durante su funcionamiento, con la autorización expedida por la Secretaría de Salud respecto a la elaboración y distribución del pulque; así como la prohibición expresa de vender cualquier otro tipo de bebida alcohólica,
La iniciativa además formula retomar algunas disposiciones de leyes en torno a la venta de bebidas alcohólicas, exclusivamente con alimentos, en sitios como restaurantes, cantinas, etc. Y, respecto a la definición de la ley de 2009, considerar, nuevamente, de impacto zonal, a los establecimientos diferentes a los de impacto vecinal, en cuya localidad se distribuya y/o se vendan bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al copeo, para su consumo en el interior. De la misma forma, expone algunas hipótesis bajo las cuales se pueda realizar una suspensión de actividades de manera inmediata, ante violaciones flagrantes a la ley.
La iniciativa pretende reconocer actividades que existen y son de dominio público, pero, al no estar reguladas, funcionan al amparo de la corrupción, como el caso de los “table dance” o los “chip and dale”. En este sentido, se impondrán medidas para este tipo de establecimientos, como la entrada exclusiva para menores de edad y la prohibición de actividades en espacios privados u ocultos, para evitar la prostitución y la trata de personas.
Un tema que también aborda la propuesta es la abrogación del Reglamento en materia de estacionamientos, para retomar algunas partes de su capitulado e incluirlo en la presente iniciativa de Ley de Establecimientos, en un apartado específico; lo cual permitirá un mejor funcionamiento de estos espacios, al regular horarios, tarifas, responsabilidad y vigencia. Finalmente establece multas de 351 a 2 mil 500 días de salario mínimo, para castigar a quienes cuenten con un permiso de impacto vecinal, con giro de restaurante, y funcionen como giro de impacto zonal.
Cabe señalar que esta propuesta en análisis, constituirá la columna vertebral del dictamen que dará vida a la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, pero será modificada, perfeccionada y enriquecida con las propuestas de los diversos sectores participantes en este punto de encuentro. Asimismo, en este esquema será sumada la propuesta del Jefe de Gobierno, en cuanto las causales de clausura y suspensión.
De esta manera, en su intervención, el Presidente de Coparmex en la Ciudad de México, Ing. José Luis Beato González, consideró que la promulgación de una nueva ley debe priorizar la simplificación de trámites, a través de procedimientos claros y expeditos. Formuló dos propuestas para la conformación de este marco normativo. Por un lado, planteó dividir la regulación en dos leyes independientes: una para los establecimientos de bajo impacto (los cuales representan más del 90% del total del espectro de establecimientos mercantiles) y otra para los de impacto vecinal y zonal. Toda vez que las condiciones en las que laboran ambos tipos de comercios son muy diferentes y deben ser normados y verificados de manera específica.
Además, urgió a una pronta, pero efectiva, profesionalización del INVEA y del personal de la delegaciones encargado de los operativos, pues, dijo, en la mayoría de los casos, los involucrados no cuentan con el total y pleno conocimiento de la ley. Para concluir, el empresario planteó sanciones a todos aquellos servidores públicos que no den una pronta respuesta a las demandas de los comerciantes.
Por su parte, Joaquín Quintana, presidente de la Asociación Civil Convivencia sin Violencia, invitó a los legisladores a crear un apartado en la ley destinado a la violencia que se genera al interior de los centros nocturnos, así como un artículo que obligue a los dueños de establecimientos mercantiles a destruir las botellas de alcohol, con el propósito de evitar la venta de alcohol adulterado. Esto, ante el aumento de accidentes y actos violentos, relacionados con el consumo de alcohol entre los jóvenes.
Ángel Muci, representante de comerciantes del Centro Histórico expuso la necesidad de contar con un programa, mecanismo o instituto, enfocado a brindar asesoría a los empresarios, promover el funcionamiento de sus negocios en el marco de la ley, señalar las faltas u omisiones; y, de ser necesario, acompañar el proceso para subsanar las fallas, sin la necesidad de suspender o clausurar las actividades comerciales.
En tanto, la Magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal, María del Carmen Carreón Castro, indicó que la actual normatividad tiene algunas lagunas y no es del todo clara, en algunos apartados, lo cual afecta el buen funcionamiento de los inmuebles. Abordó la urgencia de contar con una base de datos confiable, sobre el universo de establecimientos mercantiles en la ciudad, y definir la materia de actuación de las instancias encargadas de verificarlos.
Se manifestó a favor de dotar de eficacia a la afirmativa ficta; mejorar el sistema para evitar duplicidades en registros; establecer verificaciones anuales a establecimientos de impacto zonal; implementar un programa de vigilancia para el cumplimiento de horario de funcionamiento, entre otras cuestiones.
Por su parte, el catedrático Ricardo Rubio enumeró 12 aspectos de la iniciativa en análisis, mismos que resultan de amplio debate y, en algunas ocasiones, de poco consenso. Del mismo modo, señaló cuatro observaciones para mejorar dicha propuesta.
En primer lugar, subrayó la necesidad de graduar las sanciones, ya que la autoridad calificadora, temerosa de una impugnación, dicta siempre la de menor castigo. Así, esbozó un instrumento dirigido a motivar la decisión de la autoridad calificadora, basado en el tiempo, modo, ejecución y reincidencia, entre otras cuestiones de las infracciones; a través de un cuadro con tres rangos: levísima, leve y grave (de 351 a 2 mil 500 días de salario mínimo como multa)
En segundo término, dijo que, con base en la complejidad de la afirmativa ficta, en lugar de dar más “dientes a las contraloría”, al revisar este tema, es indispensable proporcionar un plazo de 15 días, a fin de contar con la posibilidad real de contestar al particular, ante el exceso de trabajo que argumentan las autoridades.
También propuso que la propia Ley de Establecimientos Mercantiles marque la cantidad de salidas de emergencia que deben tener los comercios, de acuerdo al espacio. Y, finalmente, apuntó que la propuesta contiene disposiciones transitorias y establece acciones que deberán emprender los titulares de los establecimientos mercantiles, pero no señala qué ocurrirá si no se cumplen.
Rubio Torres hizo un llamado para que los comerciantes de la ciudad informen, de manera trimestral, a la delegación correspondiente, sus diversos programas sobre la venta de bebidas alcohólicas, medidas de seguridad y horario de servicio. Asimismo, invitó a todos aquellos centros nocturnos a desaparecer la figura del típico ‘cadenero’, ya que el uso de este tipo de personas se traduce en prácticas de discriminación.
En su participación, Guillermo Landa, egresado de la Barra Nacional de Abogados, pidió una pronta profesionalización de los órganos encargados de verificar los establecimientos mercantiles, ya que, en su opinión, los operativos actualmente se efectúan en horarios donde las infracciones son menores o simplemente responden a situaciones mediáticas.
Argumentó que el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM) debe tener candados más específicos para los comercios de bajo impacto e indicó que una mejor difusión de la ley abonará en cumplimiento de la misma.
Alfonso Vega, asesor del diputado Agustín Torres, consideró que se deben delimitar las atribuciones que le competen a cada una de las dependencias encargadas de la verificación de establecimientos mercantiles.
Del mismo modo, colocó en la mesa de análisis, la posibilidad de centralizar o no las atribuciones en materia de establecimientos mercantiles, en el marco de la reforma política del Distrito Federal; así como la profesionalización del personal de las Ventanillas Únicas.
En este tenor, dijo que el Invea podría ser la instancia encargada de formar verificadores, capacitarlos, evaluarlos y enviarlos a las delegaciones, para que éstas los tengan a su cargo y ejecuten acciones en el momento preciso y necesario.
Sobre estos aspectos, integrantes de la Canaco, la Coparmex, la Asociación de Bares y Centros Nocturnos, la Cámara de Comercio y la Canaco celebraron el espacio de discusión, enfocado a simplificar y actualizar las normas en el rubro de establecimientos mercantiles. Y solicitaron contemplar la posibilidad de evitar las clausuras de negocios de bajo impacto, pues son el sustento de miles de familias en la capital del país.
Para finalizar, se realizaron dos mesas con diversas asociaciones civiles y grupos involucrados en la actividad económica de la ciudad de México. Entre los ponentes, se contó con la presencia de representantes de la Asociación de Bares y Centros Nocturnos A.C., el Movimiento PRO Entretenimiento Erótico y Estacionamientos Navarrete.
Los participantes subrayaron que las autoridades correspondientes deben otorgar las facilidades necesarias para llevar a cabo, de manera legal, su derecho al trabajo. Al tiempo que pidieron la implementación de programas que generen el crecimiento del establecimiento mercantil y no la creación de leyes que promuevan el cierre total o parcial del negocio.
Alberto Landa Silva, Presidente de la Asociación de Bares y Centros Nocturnos A.C., y Morelia González Tovar, Presidenta de Movimiento PRO Entretenimiento Erótico, coincidieron en señalar que el baile erótico debe ser reconocido legalmente y evitar abusos en las instancias verificadoras de los centros nocturnos donde se realizan estos espectáculos.
Hicieron un llamado a no estigmatizar de este tipo de actividad, la cual, reconocieron, es un tema controvertido entre la sociedad, pero es una forma de empleo y un modo de sustento de varias familias. Asimismo, es de vital importancia regular estos espacios, a fin de evitar la clandestinidad y el delito de trata de personas.
Como conclusión, el diputado Alejandro Piña, presidente de la Comisión de Administración Pública Local, aseguró que este trabajo de análisis abonará en un marco regulatorio consistente, que brinde seguridad jurídica a las nuevas empresas y a quienes, durante años, han confiado en el desarrollo de la capital del país.
Aseveró que si se logran favorecer las condiciones en las que se desenvuelven los sectores productivos, se motivará un escenario adecuado para generar empleos mejor remunerados; así como la apertura de nuevas oportunidades; donde los pequeños y medianos empresarios crezcan a ritmo proporcional.
