OBLIGA DICTAMEN DE LEY GENERAL DE AGUAS AL DF A INCREMENTAR TARIFAS Y ELIMINAR SUBSIDIOS PARA RECIBIR RECURSOS FEDERALES
01 de Abril de 2015
La diputada Ernestina Godoy Ramos llamó a los diputados federales a no sucumbir ante la tentación de presentar el dictamen de Ley General de Aguas al pleno de la Cámara de Diputados. Los habitantes del Distrito Federal, particularmente de Iztapalapa, “nos declaramos en alerta máxima” para evitar la aprobación de una ley que privatiza el servicio de agua potable, que incrementa tarifas y elimina subsidios.
Indicó que la iniciativa contiene ocho criterios para que los estados y el Distrito Federal se sujeten a la nueva política tarifaria, de no ser así las entidades no podrán recibir recursos presupuestales de orden federal. Con esta condicionante, advirtió, los usuarios pagarán el costo final.
Con la política tarifaria que establece la iniciativa, explicó, se pretende legislar sobre temas que le corresponden de forma exclusiva a las entidades federativas. La política de subsidios y la forma en que cada estado los hace llegar su población, no puede ser materia de una ley federal, ni se puede condicionar la entrega de fondos federales a sujetarse a una política tarifaria que sólo busca incrementar las ganancias de los operadores privados y hacer más rentable el negocio del agua, consideró la legisladora.
En su calidad de integrante de la Comisión de Gestión Integral del Agua de la Asamblea Legislativa, sostuvo que el conjunto de disposiciones violentan la autonomía de las entidades para determinar su hacienda pública, conforme a las leyes que aprueben sus órganos legislativos.
Asimismo esta iniciativa violenta el derecho humano al agua potable de todas y todos los mexicanos al establecer que el volumen de agua para consumo personal y doméstico que permite a un individuo cubrir sus necesidades básicas, es de cincuenta litros diarios. Esta limitación se encuadra en todo el cuerpo del dictamen, aseguró la legisladora.
Garantizar el mínimo indispensable que resulta insuficiente para cualquier individuo, consideró la legisladora, se focaliza en “los menos favorecidos”: adultos mayores, personas con discapacidad, personas que viven en zonas áridas, semiáridas, pueblos y comunidades indígenas, en particular las que habitan en las zonas rurales y urbanas “desfavorecidas”.
Incluso para las mujeres y niños, comentó, el Estado no está obligado ASEGURAR, sólo a realizar gestiones para garantizar que no se excluya a las mujeres en los procesos de planeación hídrica y de cumplimiento del derecho humano al agua, ni se impida a los niños ejercer sus derechos humanos por falta de agua en las instituciones de enseñanza y los hogares.
Por lo anterior, convocó a la ciudadanía a informarse y estar atentos ante cualquier intento o embate del PRI, PAN y PVEN de aprobación de la iniciativa privatizadora del agua, debido a que está por concluir el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, y es cuando los legisladores federales estilan aprobar iniciativas de ley en fast track.
