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OBLIGADA CFE APOYAR A FAMILIA DE TRABAJADOR FALLECIDO POR DERRUMBE

OBLIGADA CFE APOYAR A FAMILIA DE TRABAJADOR FALLECIDO POR DERRUMBE

12 de Enero de 2014

El diputado Alejandro Ojeda declaró que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe responder y está obligada a apoyar a la familia del trabajador fallecido en el derrumbe de la obra en la Colonia Del Valle, donde además quedaron 24 lesionados, el pasado 4 de enero.

El presidente de la Comisión Especial Sobre el Suministro y Cobro de Energía Eléctrica de la ALDF precisó que la CFE es “obligado solidario” frente a los trabajadores, independientemente de que hayan sido contratados por un tercero, en este caso la empresa Cobasa.

Además, consideró el asambleísta del Partido de la Revolución Democrática (PRD), debe la CFE aclarar las condiciones del contrato de la obra y respaldar a los trabajadores que sufrieron lesiones.

El legislador local aseguró que la llamada empresa de clase mundial, desde el punto de vista legal y ético, no puede simplemente deslindarse y alegar que había un contratista, ya que esa actitud sólo demuestra contubernio con Cobasa.

Manifestó que la empresa paraestatal debe asegurarse que todo trabajador tenga las condiciones mínimas de seguridad social, pero desafortunadamente lo que se está viendo, es que la familia del trabajador fallecido no está siendo atendida ni asesorada por la CFE.

“Siempre hemos denunciado que estas figuras de outsourcing, solo dañan los derechos de los trabajadores y es lamentable que una entidad de gobierno también haga uso de estas figuras tramposas que violentan derechos laborales”, expresó.

Lo más grave, dijo, es que la Reforma Laboral que tanto festejan el Gobierno Federal y el Partido Acción Nacional (PAN), legalizaron este tipo de figuras, que dejan en la completa indefensión a los trabajadores.

Cuestionó que a poco más de un año de que aprobaron dicha reforma, no se hayan generado los empleos prometidos ni se han mejorado las condiciones de vida de los asalariados.

En contraparte, abundó, se dio total discrecionalidad a la parte patronal para contratar o despedir a los trabajadores sin garantizarles el más mínimo derecho a la seguridad social.