OPORTUNIDAD JURÍDICA DAR A CONOCER LOS NOMBRES DE LOS RESPONSABLES Y DEL MÓVIL DEL MULTIHOMICIDIO DE LA NARVARTE
05 de Agosto de 2015
El Gobierno del Distrito Federal (GDF) tiene la oportunidad jurídica de dar a conocer el móvil y los nombres de los autores materiales e intelectuales del multihomicidio de cinco mujeres y del reportero gráfico de la revista Proceso y de la Agencia Cuartoscuro, Rubén Espinosa que sucedió en la colonia Narvarte de la delegación Benito Juárez en la ciudad de México el pasado 31 de julio, señaló el diputado Óscar Moguel Ballado.
Expresó que la experiencia del Jefe de Gobierno capitalino adquirida al estar al frente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJ-DF) es la mejor garantía de que se agilizarán todos los procedimientos de investigaciones previas para ayudar a esclarecer el feminicidio y el asesinato del periodista.
También sostuvo que en tanto la legalidad, la justicia y la reparación de daños sean privilegios de unos cuantos que se cobijan en la impunidad, la seguridad de los grupos vulnerables, de los defensores de los derechos humanos y de los periodistas siempre estará en riesgo, principalmente en las entidades donde los representantes de los poderes se creen dueños de la justica y la legalidad
Moguel Ballado precisó que de continuar la corrupción dentro de los ámbitos judiciales, frente a la actitud omisa de los poderes ejecutivo y legislativo, en varias entidades del país, la sociedad en general seguirá siendo víctima de la delincuencia organizada, muchas veces, al servicio de los propios gobiernos municipales y estatales.
Aseguró que en el caso del Distrito Federal, más allá de la publicación de la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, con el fin de dar garantías legales a los periodistas que se desempeñan en la ciudad, se debe pedir la intervención de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México para reforzar la seguridad de las víctimas.
El diputado explicó que dentro de la ley se especifica que si la petición personal es de carácter urgente se deberán implementar de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar la vida, libertad e integridad física de las personas en peligro en un máximo de dos horas, con el objetivo de evitar hechos como el del pasado 31 de julio.
Además, dijo que la ley garantiza la protección y libertad de expresión de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradores de medios, al establecer como responsabilidad de los entes públicos del Distrito Federal el implementar y operar las Medidas Preventivas, Medidas de Protección Urgente y Medidas de Carácter Social de las personas que se encuentran en situación de riesgo.
Precisó que dicha garantía aplica en todos los casos, aún cuando las víctimas no sean originarias del Distrito Federal, pero que por intimidación hacia su persona se encuentran aquí para protegerse, tal como era el caso del fotoperiodista Espinosa.
También destacó que durante los primeros 20 meses del gobierno del Presidente Enrique Peña, del 1° de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2014, se registraron 57 mil 899 averiguaciones previas por homicidios doloso y culposo, mientras que en los primeros 20 meses de administración del Ex mandatario, Felipe Calderón, la suma fue de 43 mil 694; es decir, el gobierno priista supera al panista con 14 mil 205 homicidios tanto culposos como dolosos, con base en datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Hizo notar que en 15 años, del 2000, a la fecha, han sido asesinados 103 periodistas en el país y que las entidades que registran mayores casos de homicidios de informadores son Veracruz y Chihuahua con 15 cada uno.
Recordó en los últimos cinco años, de acuerdo a información publicada en medios de circulación nacional y local, se ha dado a conocer la muerte de 14 periodistas y la desaparición de cinco informadores durante la actual gestión gubernamental en Veracruz.
Argumentó que el Ejecutivo Federal inició su administración el 1 de diciembre de 2012 con la promesa de que en un año se empezarían a ver resultados de la supuesta estrategia contra el crimen organizado, la violencia e inseguridad, y que por lo tanto, habría una hipotética disminución en los delitos que más aquejan a los mexicanos, como es el caso de los homicidios tanto dolosos como culposos.
Sostuvo que las cifras dan otra lectura, de fracaso, donde la impunidad permea en todos los órdenes y niveles de gobierno en donde se percibe un mensaje de corrupción e impunidad, desde los más altos niveles del gobierno Federal.
