PENAS MÁS SEVERAS A QUIEN ROBE EN PLANTELES EDUCATIVOS
29 de Marzo de 2011
Penas de 2 a 6 años de cárcel a quien sustraiga mobiliario, equipo de cómputo o cualquier medio informático que se encuentre en inmuebles destinados para la educación, propuso el diputado Fernando Cuéllar Reyes.
En una iniciativa, que presentó ante el Pleno de la ALDF, se busca reformar y adicionar la Fracción 10 al Artículo 224 del Código Penal tipificando el robo a planteles escolares en el Distrito Federal, con la intención de inhibir este acto delictivo en centros escolares y garantizar castigos más severos a todo aquel que sustraiga ilegalmente el mobiliario o equipo utilizado para fines educativos.
En Tribuna, destacó la importancia de inhibir el robo de materiales y equipos propiedad de los centros educativos y establecer medidas para castigar este tipo de conducta en específico, ya que son cuantiosos los daños que se producen en escuelas e inmuebles destinados a actividades educativas en perjuicio de la sociedad en general.
Dijo que en los últimos dos años se ha incrementado la cantidad de robos a instituciones educativas en la ciudad de México, datos estadísticos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), reflejan las denuncias por estos hechos delictivos, tanto de mobiliario como de equipos de cómputo y otros, lo que han mostrado un incremento en 2010, en un 53% con respecto a la cifra de 2009.
Cuéllar Reyes, apuntó que actualmente las escuelas cuentan con un patrimonio disminuido y, en muchos casos, precario, el cual se ve seriamente dañado con acciones delictivas, afectando aún más y de manera directa, los espacios donde se realiza la más estratégica y fundamental función del Estado que es la educación.
Añadió que cuando las escuelas se ven afectadas en su patrimonio, producto de la irresponsabilidad de personas que sin escrúpulos comenten el robo de esos elementos en los centros escolares, se genera una afectación económica, formativa y educacional; además de que lesionan a toda la comunidad escolar, obstaculizando su adecuado desarrollo en diversos ámbitos.
Destacó que cuando se comete el ilícito en los planteles y se sustrae equipo, sistemas de cómputo, instrumentos tecnológicos, afectan no solo los recursos públicos asignados, si no también las aportaciones de los padres de familia y de la iniciativa privada.
Durante el 2009, la cifra de denuncias iniciadas por robos en el interior de los planteles fue de 276, mientras que en el 2010 el índice alcanzó los 424 casos, aún sin contar los ocurridos en diciembre, enfatizó.
El legislador perredista, informó que este tipo de robos ocurrieron principalmente por las noches y en planteles que no tienen más vigilancia que la de los conserjes y sus familias que en la mayoría de las ocasiones no pudieron intervenir para evitar la sustracción por parte de los delincuentes.
Según los reportes de delitos de la PGJDF, correspondientes al 2010, el mes en el que se presentó el mayor número de robos en colegios del DF, fue septiembre con 52; seguido de octubre con 47; mientras que en marzo se presentaron 46 y en agosto 43, dijo.
Agregó que actualmente este acto delictivo se tipifica como robo simple, donde alcanza una pena mínima de seis meses a dos años y sesenta a ciento cincuenta días multa, cuando el valor de lo robado no exceda de trescientas veces el salario mínimo o cuando no sea posible determinar el valor de lo robado; o también puede encuadrar como robo en lugar cerrado, siendo agravado y alcanza una pena adicional a la mitad de las penas previstas en el Artículo 220.
Consideró necesario que quienes cometan algún robo a instituciones educativas no se les dé la oportunidad para que obtengan su libertad pagando fácilmente una caución casi inmediata para volver a delinquir.
“Hay algunos delincuentes que no parece preocuparles la actual Ley, toda vez que han diseñado un modus operandi que les permite burlarla mediante una asesoría legal oportuna y, por ende, obtener su libertad de manera casi inmediata”, concluyó.
