PIDE DIP. ANDRÉS ATAYDE A SSPDF INFORME SOBRE OPERACIÓN DE GRÚAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO
20 de Enero de 2016
• “Así como hemos visto con las fotomultas, estos contratos parecen más caja chica que un instrumento para hacer más eficiente esta ciudad o promover una cultura cívica”: Dip. Andrés Atayde
Con el objetivo de esclarecer la operación de las grúas en la Ciudad de México, la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del DF aprobó el Punto de Acuerdo del diputado del Grupo Parlamentario del PAN, Andrés Atayde Rubiolo, en el que solicita al titular de la Secretaría de Seguridad Pública local, Hiram Almeida Estrada, informe respecto a la metodología que se ha seguido para la distribución, ejecución y asignación de estas unidades.
“Desde la administración de Marcelo Ebrad al frente del GDF, este servicio fue subrogado a empresas privadas para hacer eficiente, en teoría, el proceso. Muchas han sido las personas morales o físicas encargadas de esta labor, según los contratos que se encuentran en el portal de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en el apartado de Transparencia”, detalló.
En tribuna, Atayde Rubiolo informó que durante 2014 se contó con contratos trimestrales o mensuales que en principio exigían que el 100 por ciento del parque vehicular estuviese en condiciones de operar diario y posteriormente se redujo a tan solo el 70 por ciento.
“Llegamos a septiembre de 2014, en donde se hace un contrato multianual que hoy nos rige y en donde se aumentó en un 63 por ciento el pago del GDF a la empresa con relación a los primeros pagos, que eran de 293.81 pesos y ahora se pagan 479 pesos por cada arrastre que haga la grúa de la empresa Grupo Oro Paez, S.A. de C.V.”, expuso el presidente de la Comisión de Hacienda en la ALDF.
Abundó que en dichos contratos se establece que se requiere el servicio subrogado de 110 grúas equipadas para la detección, levantamiento y retiro de vehículos en las 16 delegaciones, incluyendo su mantenimiento preventivo y correctivo, combustible, así como el seguro de cobertura amplía, sin embargo no se establece una logística o metodología para recorrer dicha red vial.
“Es lógico que se concentraran en las colonias con mayor saturación vial y donde la incidencia de faltas al reglamento sea más común. Todo esto es evidente para una empresa, pero al considerar que el objetivo primordial debería de ser la reducción de faltas al reglamento o una mejor conducta cívica y no una cuestión recaudatoria, esto es ineficiente”, apuntó.
El legislador de Acción Nacional sostuvo que en dicho contrato tampoco se establece qué sucede si la empresa no logra alcanzar los 198 mil arrastres con ingreso a depósito o si supera los 479 mil 790 que se indican. Asimismo, dijo, se estableció un pago mínimo de 190 millones 634 mil 400 pesos y un máximo de 458 millones 26 mil 20.88 pesos para esta empresa.
“Así como hemos visto con las fotomultas, estos contratos parecen más caja chica que un instrumento para hacer más eficiente esta ciudad o promover una cultura cívica”, concluyó.
