PIDE FONDOS PARA PROTECCIÓN DE PERIODISTAS
03 de Noviembre de 2011
Para fortalecer los mecanismos de libertad de expresión en el Distrito Federal, la Asamblea Legislativa exhortó a la Cámara de Diputados a etiquetar al menos 10 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 y a la Secretaría de Gobernación que asigne fondos para la operación del protocolo de protección de periodistas e informadores en el Distrito Federal.
Lo anterior, dijo la diputada Aleida Alavez Ruiz, es para poder coadyuvar en la consolidación del modelo de protección a periodistas e informadores que se ha venido desarrollando en la Ciudad de México, a través de la creación de un incipiente marco jurídico que permite visibilizar y reconocer el derecho a la información.
Dijo que en comparación con lo que pasa en otras entidades el país, en el Distrito Federal el grado de violencia contra periodistas ha disminuido, aunque estamos en riesgo de que se incremente por factores externos.
Recordó que en 2010 propuso dos iniciativas. Una, la de declarar a la Ciudad de México como territorio libre de violencia contra periodistas e informadores y crear una casa refugio de periodistas donde se pudiera atender y apoyar a informadores y periodistas en situación de riesgo.
El mecanismo fue apoyado por el gobierno local y se inició la construcción de un dispositivo de protección a informadores y periodistas, con la perspectiva de que la libertad de expresión es un bien común y patrimonio de todos.
Sin embargo, aceptó que este dispositivo debe ser fortalecido, lo que implica la actuación conjunta de la sociedad civil y las asociaciones de periodistas, los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los ciudadanos, porque una sociedad desinformada es una sociedad en riesgo de consentir el autoritarismo.
En su propuesta, Alavez Ruiz lamentó que sea común definir a México como el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo y la información, por lo que el miedo se ha convertido en un factor de autocensura, que actúa sobre la información como un bien común.
Explicó que la represión contra la libertad de expresión, y de manera particular contra periodistas e informadores en nuestro país, se ha disparado por la cobertura de la guerra contra la delincuencia organizada, por lo que ha surgido una sutil variante de autocensura y autolímite, auspiciado desde los mismos medios de información.
De tal manera que se inició la construcción de un dispositivo de protección a informadores y periodistas, con la perspectiva de respeto a la libertad de expresión como bien común y como patrimonio de todos.
Aseguró que la Asamblea Legislativa ha hecho un importante esfuerzo y continuará en la misma ruta para establecer un lugar donde los periodistas cuenten con un sitio de acogida y se establezcan servicios e infraestructura sociales a los trabajadores de medios, a través de los diversos programas del Gobierno de la ciudad.
Además que se abran proyectos de coinversión con organizaciones del sector y de la sociedad civil y exista un protocolo de protección cuyo principal responsable sea el Gobierno, en quien recae la obligación de otorgarles protección.
Este mecanismo, agregó, permitirá desarrollar un modelo integral de protección a partir del desarrollo y la capacitación; el fortalecimiento de la organización y cohesión del sector; el intercambio de ideas y experiencias; la dotación de servicios sociales puntuales y en casos extremos la protección de la vida de periodistas e informadores.
Alavez Ruiz criticó que en el ámbito federal no se haya logrado consolidar un mecanismo de protección a los periodistas e informadores, a pesar de existir un fondo para protección de periodistas e informadores por 25 millones de pesos, radicado en la Secretaría de Gobernación, donde se mantiene inactivo, a pesar de la ayuda que se requiere para salvaguardar la libertad de expresión en estos momentos tan difíciles para el país.
