PIDE A SEDEMA DF CONVOCATORIA PUBLICA PARA ESTABLECER NORMATIVIDAD RESPECTO A AUTORIZACION DE UBICACIÓN DE VERIFICENTROS EN MILPA ALTA
19 de Abril de 2015
La diputada local del PRI, Karla Valeria Gómez, reprobó la negativa de la Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal, Tanya Müller, para establecer y operar dos verificentros en la delegación Milpa Alta, bajo el argumento de que el 100 por ciento de la superficie está catalogada como Suelo de Conservación y existen más de 100 Asentamientos Humanos Irregulares en esa demarcación.
En un punto de acuerdo presentado al Pleno de la Asamblea Legislativa, la priista solicitó por segunda ocasión a la titular de la Sedema-DF, expida la convocatoria pública que establece la normatividad aplicable respecto de la autorización para ubicar los centros de verificación vehicular en esa demarcación política.
Lamentó que a 19 años de la implementación del programa de verificación vehicular, sus objetivos esenciales se han pervertido, y cuestionó que algunas delegaciones estén saturadas de verificentros y a otras simplemente no se les toma en cuenta, o no se han renovado las autorizaciones.
“De lo que sí tenemos noticia es de los casos de corrupción: entrega indebida de calcomanías, construcción irregular de verificentros, así como firma inadecuada de permisos y autorizaciones. Y la contaminación por emisiones vehiculares en el Distrito Federal no se reduce”, afirmó.
La legisladora dio a conocer la respuesta de Tanya Müller al primer exhorto que realizó la ALDF para que operaran dos verificentros en Milpa Alta. La funcionaria esgrimió que “a partir del mes de enero de 1996, el servicio de verificación vehicular se presta exclusivamente en centros multilíneas operados por diversas empresas particulares autorizadas por el Gobierno central.
“Desde entonces, el Gobierno de la Ciudad de México no ha autorizado la instalación de más centros de verificación vehicular. (Además) el manejo de los equipos verificadores tiene múltiples implicaciones tecnológicas especializadas, por lo que es necesario contar con amplia capacidad técnica, lo cual resulta altamente costoso para quien pretende operarlos”, refirió Müller García sobre la petición de los diputados.
Karla Valeria Gómez comentó que este año la Secretaría del Medio Ambiente realizará la revalidación de las autorizaciones de la totalidad de los Centros de Verificación Vehicular que operan en el DF, en tal virtud, se efectuará un estudio integral de las necesidades en la materia, así como de la distribución de los verificentros.
Recordó que los verificentros que empezaron a operar en enero de 1996, lo hicieron a partir de la Convocatoria para obtener autorizaciones para establecer y operar nuevos centros de verificación vehicular en el Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1995.
En ese entonces, agregó, se solicitaba a los nuevos centros contar con una superficie de terreno mínima de mil quinientos metros cuadrados con uso de suelo permitido y estar en vías de acceso no controladas. En dicha convocatoria, se asignó a la Delegación Milpa Alta un nuevo centro de verificación vehicular, pero a la fecha ninguno se ha construido, resaltó.
La asambleísta tricolor pidió también a la Contraloría General del Distrito Federal iniciar los procedimientos por responsabilidad administrativa que resulten aplicables con motivo de la emisión del oficio SEDEMA/DEJ/785/2014, del 1 de diciembre de 2014, suscrito por el Director Ejecutivo Jurídico de la Secretaría ambiental, Roberto Sanciprian Plata.
“No obstante, consideramos que en todo caso dicha respuesta debió haber sido emitida por la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire, área administrativa competente para establecer y operar por sí, o a través de personas que autorice para ello, los sistemas de verificación del parque vehicular en circulación, matriculados en el Distrito Federal”, subrayó Gómez Blancas.
Por último, pidió a la Contraloría General del DF que en el ejercicio de sus atribuciones conferidas en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública local, revise y fiscalice, de manera íntegra, la operación del Programa de Verificación Vehicular capitalino, desde la etapa de autorización para operar Verificentros hasta la correspondiente a la prestación de servicios al usuario final.
